DIFICIL CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO SIN CAMBIOS EN EL URBANISMO

Julio Rodríguez López

En los dos años ya transcurridos de recesión se ha aludido con frecuencia a la conveniencia de cambiar el modelo productivo de la economía española. El modelo en cuestión corresponde a la evolución seguida por dicha economía durante la etapa comprendida entre 1997 y 2007. En dicha etapa el crecimiento de la economía española se apoyó sobre todo en el auge de la construcción y venta de viviendas. Ello fue posible por la abundante financiación crediticia de bancos y cajas de ahorros al mercado inmobiliario y por la política urbanística “proactiva” de los ayuntamientos, tolerada por las comunidades autónomas. De persistir dicha política urbanística en los próximos años será difícil lograr el cambio deseable en la estructura productiva de la economía española.

La Constitución de 1978, los Estatutos de Autonomía y las Sentencias del Tribunal Constitucional han establecido que corresponde a las comunidades autónomas diseñar y desarrollar sus propias políticas en materia urbanística. Al Estado le corresponde ejercer ciertas competencias, lo que deberá hacer respetando el papel dominante de autonomías y ayuntamientos en dicho terreno. El motor del planeamiento son los ayuntamientos, bajo la tutela de los gobiernos autónomos. Estos últimos pueden llegar en el ejercicio de sus competencias hasta la concesión directa de una licencia, como es el caso de la Comunidad de Madrid, donde en los proyectos considerados como trascendentes se puede limitar el papel de los municipios al de emitir un informe no vinculante sobre la viabilidad urbanística (Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (Acompañamiento) de los Presupuestos de 2010).

De la política de gobierno del suelo depende no solo la superficie destinada a la construcción de nuevas viviendas, sino también la extensión del suelo para otras actividades productivas y zonas verdes, entre otros destinos. Las decisiones locales sobre la composición del suelo en cuanto al uso del mismo resultan por completo relevantes para el futuro económico de las ciudades y, por agregación, para el conjunto de la economía española.

La experiencia del último auge en materia de gobierno del suelo no ha sido positiva para la economía española. Las nuevas viviendas se han construido con frecuenciaeliminando actividades productivas preexistentes, agrícolas e industriales. Se ha reducido la superficie de suelo situado en polígonos industriales, recalificándose suelo industrialcomo urbanizable residencial. El proceso ha estado favorecido por el descenso producido en la rentabilidad de numerosas explotaciones agrícolas, ante la creciente competencia del resto del mundo, en especial por parte del norte de África.

Resulta escaso el debate existente en los municipios sobre el destino del suelo. En las elecciones locales apenas se toca dicha cuestión, de la que depende el futuro económico de los municipios. Al tratarse de una materia en la que son competentes ayuntamientos y autonomías, a nivel nacional aparecen las quejas frecuentes de los ciudadanos, pero sin alternativas al esquema institucional actual.

También ha destacado la intervención del Parlamento Europeo sobre el urbanismo valenciano y español. El “Informe Auken” de 2009 (Parlamento Europeo, Comisión de Peticiones, 20.2.09),que ha sucedido a otro de 2005, ha criticado fuertemente el urbanismo de la Comunidad Valenciana y el del conjunto de España. Se ha reforzado la idea de que la legislación urbanística española es inadecuada y debe de ser objeto de un cambio significativo (Eugenio Burriel, “La Unión Europea y el Urbanismo Valenciano, ¿conflicto jurídico o político?”, Boletín de la A.G.E. Nº 49, 2009).

Un ejemplo es el comentario de un asesor legal aparecido en el magazín “FT. Wealth” (Issue Eight Winter 2009, “Foreign Affaire”, Pág. 37): “Algunos gobiernos locales como el de Valencia tienen derechos casi ilimitados para desarrollar suelo sin compensación. Se han construido viviendas en España con la autorización de funcionarios corruptos, violando las normas del planeamiento. Los adquirentes deberían emprender la compra de propiedades en España de los últimos 30 años con cautela y bajo asesoramiento profesional”.

Las políticas locales y autonómicas en materia de decisión sobre el destino del suelo mantienen la absoluta prioridad al desarrollo inmobiliario. El déficit exterior reaparecerá con fuerza al primer indicio de recuperación de la hasta ahora decaída demanda interna. La solución a los problemas de la economía española debe favorecer que la recuperación de la demanda se acompañe demayores niveles de producción interior. Una política orientada hacia el crecimiento debe de estimular el desarrollo de una economía mas diversificada (Martín Wolf, “A weakened Britain enters the post- Thatcher era”, FT, 4.12.2009).

(El Siglo 14 de diciembre de 2009)

(II)

Corrupción y democracia

José Manuel Naredo

El hecho de que los casos de corrupción se acumulen en los tribunales y afloren en los media, induce a preguntarse por el caldo de cultivo sui géneris que los hace proliferar, escapando a los habituales filtros democráticos.

Existen dos posibles enfoques del tema. Uno más restringido, que identifica la corrupción con delitos tipificados en el Código Penal consistentes en utilizar las administraciones públicas para obtener lucros privados. Este enfoque considera el comportamiento corrupto como patologías individuales condenables que cabe denunciar y perseguir con más o menos ahínco, pero hace abstracción del caldo de cultivo que las genera, que aparece como algo normal, que no llama la atención ni suscita la crítica. Hay que adoptar, así, otro enfoque más amplio para investigar el contexto propicio a la corrupción que ofrecen los sistemas socio-económicos.

El reciente Foro Público sobre Corrupción y democracia reflejó ambos enfoques. El más restringido corrió a cargo de dos ponentes invitados –militantes de los dos principales partidos que han gobernado el país– que, tras reconocer la corrupción como patología que aflora en los tribunales, apuntaron la necesidad de reforzar controles e instrumentos que ayuden a paliarla. Sus razonables propuestas tuvieron la virtud de señalar los límites hasta los que puede llegar este enfoque que aprecia, lógicamente, que los procesos de corrupción que detecta son más bien la excepción que la regla. Sin embargo, el introductor del Foro, José Vidal Beneyto, adoptó un enfoque más amplio, apuntando que el problema no es el que enfrenta corrupción a democracia, sino el de la corrupción de la propia democracia, señalando como causa radical de este fenómeno la incompatibilidad de fondo que se observa entre capitalismo y democracia. Precisemos por este camino la forma que adopta esa contradicción en nuestro país y la dimensión que alcanzan las prácticas corruptas.

Desde este enfoque más amplio, los casos de corrupción que se detectan vienen a ser la punta del iceberg de males mucho más extendidos, heredados de la simbiosis entre capitalismo, medio siglo de despotismo franquista y una Transición política que excluyó a los críticos del sistema para reacomodar, bajo nueva cobertura democrática, las élites del poder que siguen tomando las grandes decisiones y favoreciendo los grandes negocios de espaldas a la mayoría.

Las mismas administraciones públicas siguen estando parasitadas por los intereses empresariales o partidistas que mandan en cada sector o en cada municipio, haciendo que trabajen a favor de estos de forma normal y que la corrupción prospere las más de las veces con cobertura legal. En el urbanismo se entronizó al “agente urbanizador” para que, en connivencia con los políticos locales, utilice a sus anchas la trampa de las recalificaciones de suelo. Así, operaciones y megaproyectos urbanos que durante el franquismo nos parecían escandalosos se multiplican hoy revestidos de impunidad legal y de buen hacer político y empresarial… Creo que iluminar este oscuro caldo de cultivo tan propicio a la corrupción es el primer paso para erradicarla.

José Manuel Naredo es economista y estadístico.