El gobierno de los bancos

Tras la orgía especulativa, ajuste para (casi) todos

Serge Halimi

El 10 de mayo de 2010, tranquilizados por una nueva inyección de 750.000 millones de euros en la caldera de la especulación, los tenedores de títulos de Société Générale ganaron un 23,89%. Ese mismo día, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunció que, por razones de rigor presupuestario, no se prorrogaría una ayuda excepcional de 150 euros a las familias en dificultades. Así, de crisis financiera en crisis financiera, crece la convicción de que el poder político ajusta su conducta a la voluntad de los accionistas. Periódicamente, democracia obliga, los representantes electos convocan a la población a privilegiar a aquellos partidos que los "mercados" preseleccionaron por su inocuidad.

La sospecha de prevaricación socava poco a poco la confianza en cada invocación al bien público. Cuando Barack Obama reprende al banco Goldman Sachs para justificar mejor sus medidas de regulación financiera, los republicanos difunden inmediatamente un spot(1) que recuerda la lista de donaciones que el Presidente y sus amigos políticos recibieron de "La Firma" en las elecciones de 2008: "Demócratas: 4,5 millones de dólares. Republicanos: 1,5 millones de dólares. Los políticos arremeten contra la industria financiera, pero aceptan los millones que les aporta Wall Street". Cuando, fingiendo su preocupación por proteger el presupuesto de las familias pobres, los conservadores británicos se oponen a que se fije un precio mínimo a las bebidas alcohólicas, los laboristas responden que se trata más bien de complacer a los dueños de los supermercados, hostiles a una medida semejante desde que convirtieron el precio de las bebidas alcohólicas en un producto gancho destinado a adolescentes fascinados por el hecho de que la cerveza pueda costar menos que el agua. Finalmente, cuando Sarkozy elimina la publicidad de los canales públicos, todos imaginan las ganancias que la televisión privada dirigida por sus amigos Vincent Bolloré, Martin Bouygues, etc. obtendrá de una situación que los exime de cualquier competencia en el reparto del botín de los anunciantes.

Este tipo de sospechas se remonta lejos en la historia. Ahora bien, muchos hechos que deberían escandalizar pero a los cuales uno se resigna se ven minimizados por un "Eso siempre ha existido". Ciertamente, en 1887 el yerno del presidente francés Jules Grévy sacaba partido de sus parientes en el Elíseo para negociar condecoraciones oficiales; a comienzos del siglo pasado, la Standard Oil daba órdenes a muchos gobernadores de Estados Unidos. Y en lo que respecta a la dictadura de las finanzas, ya en 1924 se hacía referencia al "plebiscito cotidiano de los tenedores de bonos" -los acreedores de la deuda pública de la época-, también llamados el "muro de dinero". No obstante, con el tiempo, algunas leyes regularon el papel del capital en la vida política. Incluso en Estados Unidos: a lo largo de la "era progresista" (1880-1920) y después del escándalo Watergate (1974), siempre como consecuencia de movilizaciones políticas. En cuanto al "muro de dinero", las finanzas se colocaron bajo tutela en Francia tras la Liberación. En suma, eso "siempre ha existido", pero eso también puede cambiar. 

Y volver a cambiar... pero en el sentido contrario. El 30 de enero de 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos anulaba varias disposiciones clave votadas por el Congreso que limitaban el papel del dinero en la política (fallo Buckley contra Valeo). ¿Razones invocadas por los jueces? "La libertad de expresión no puede depender de la capacidad financiera de los individuos para involucrarse en el debate público". Dicho de otro modo, regular el gasto es coartar la expresión... En enero último, este fallo se amplió hasta el extremo de autorizar a las empresas a gastar lo que quisieran para impulsar (o combatir) a un candidato.

En otros lugares, desde hace unos veinte años, entre los antiguos aparatchiks soviéticos metamorfoseados en oligarcas industriales, los empresarios chinos que ocupan un lugar destacado en el seno del Partido Comunista, los jefes del Ejecutivo, ministros y diputados europeos que preparan, a la manera estadounidense, su reconversión en el "sector privado", un clero iraní y militares paquistaníes embriagados por los negocios (2), el derrape venal se ha sistematizado. Esto influye en la vida política del planeta.

En la primavera de 1996, al término de un primer mandato muy mediocre, el presidente William Clinton preparaba su campaña de reelección. Necesitaba dinero. Para conseguirlo, tuvo la idea de ofrecer a los donantes más generosos de su partido pasar una noche en la Casa Blanca, por ejemplo en la "habitación de Lincoln". Puesto que acercarse al sueño del "Gran Emancipador" no estaba ni al alcance de los bolsillos más pequeños ni era la fantasía obligada de los más grandes, se subastaron otros placeres. Como el de "tomar un café" en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, los potenciales donantes de fondos del Partido Demócrata se encontraron con numerosos miembros del Ejecutivo encargados de regular su actividad. El portavoz del presidente Clinton, Lanny Davis, explicó ingenuamente que se trataba de "permitir a los miembros de los organismos de regulación conocer mejor los asuntos de la industria en cuestión" (3). Uno de esos "cafés de trabajo" puede haber costado miles de millones de dólares a la economía mundial, favoreciendo el crecimiento de la deuda de los Estados, y provocando la pérdida de decenas de millones de empleos. 

"Los pobres no hacen donaciones públicas" 

Así, el 13 de mayo de 1996, algunos de los principales banqueros de Estados Unidos fueron recibidos durante noventa minutos en la Casa Blanca por los principales miembros de la Administración. Junto al presidente Clinton, el secretario del Tesoro, Robert Rubin, su adjunto encargado de Asuntos Monetarios, John Hawke, y el responsable de la regulación de los bancos, Eugene Ludwig. Por una casualidad seguramente providencial, el tesorero del Partido Demócrata, Marvin Rosen, también participaba en la reunión. Según el portavoz de Ludwig, "los banqueros discutieron la legislación futura, incluidas las ideas que permitirían quebrar la barrera que separa a los bancos de las demás instituciones financieras".

Aleccionado por el crac bursátil de 1929, el New Deal había prohibido a los bancos de depósitos arriesgar imprudentemente el dinero de sus clientes, lo que obligaba luego al Estado a rescatar a esas instituciones por temor a que su eventual quiebra provocara la ruina de sus numerosos depositantes. Firmada por el presidente Franklin Roosevelt en 1933, la reglamentación, aún vigente en 1996 (ley Glass-Steagall), disgustaba fuertemente a los banqueros, preocupados por ser parte de los beneficiarios de los milagros de la "nueva economía". El "café de trabajo" tenía como objetivo recordarle ese desagrado al jefe del Ejecutivo estadounidense en momentos en que éste se preocupaba por lograr que los bancos financiaran su reelección. 

Unas semanas después del encuentro, los teletipos de agencia informaron que el Departamento del Tesoro enviaría al Congreso un paquete de leyes "que cuestionaba las normas bancarias establecidas seis décadas atrás, lo que permitiría a los bancos lanzarse ampliamente en el mercado de seguros y en el sector de los bancos de negocios e inversiones". Lo que siguió es de público conocimiento. La derogación de la ley Glass-Steagall fue firmada en 1999 por un presidente Clinton reelecto tres años antes, en parte gracias a su botín de guerra electoral (4). Esta derogación atizó la orgía especulativa de los años 2000 (sofisticación cada vez mayor de los productos financieros, del tipo de créditos hipotecarios subprime , etc.) y precipitó el crac económico de septiembre de 2008.

En realidad, el "café de trabajo" de 1996 (hubo 103 del mismo tipo en el mismo periodo y en el mismo lugar) no hizo más que confirmar la fuerza de gravedad que inclinaba la balanza en el sentido de los intereses de las finanzas. Porque fue un Congreso de mayoría republicana el que enterró la ley Glass-Steagall, conforme a su ideología liberal y a los deseos de sus "mecenas"; los congresistas republicanos también recibieron dólares de los bancos. En cuanto a la Administración de Clinton, con o sin "café de trabajo", no hubiera resistido mucho tiempo a las preferencias de Wall Street: su secretario del Tesoro, Robert Rubin, había dirigido Goldman Sachs. Al igual que Henry Paulson, a cargo del Tesoro estadounidense durante el crac de septiembre de 2008. Tras haber dejado morir a los bancos Bear Stearns y Merryl Lynch -dos competidoras de Goldman Sachs- Paulson rescató a American Insurance Group (AIG), una aseguradora cuya quiebra habría afectado a su mayor acreedor... Goldman Sachs. 

¿Por qué una población que no está compuesta en su mayoría por ricos acepta que sus representantes satisfagan prioritariamente las demandas de los industriales, de los abogados de negocios, de los banqueros, al punto que la política termina consolidando las relaciones de fuerza económicas en lugar de oponerles la legitimidad democrática? ¿Por qué cuando esos mismos ricos son elegidos, se creen autorizados a exhibir su fortuna? ¿Y a proclamar que el interés general requiere satisfacer los intereses particulares de las clases privilegiadas, las únicas con el poder de hacer (invertir) o impedir (deslocalizar), y a las que por lo tanto es necesario seducir ("tranquilizar a los mercados") o contener (lógica del "escudo fiscal")? 

Estas preguntas llevan a evocar el caso de Italia. En ese país, uno de los hombres más ricos del planeta no se sumó a un partido con la esperanza de influir en él, sino que creó el suyo, Forza Italia, para defender sus intereses empresariales. De hecho, el 23 de noviembre de 2009, La Repubblica publicó la lista de las dieciocho leyes que favorecieron al imperio comercial de Silvio Berlusconi desde 1994, o que le permitieron escapar a las acciones judiciales. Por su parte, el ministro de Justicia de Costa Rica, Francisco Dall'Anase, ya advierte sobre una etapa posterior. La que verá en ciertos países un Estado, ya no sólo al servicio de los bancos, sino de grupos criminales: "Los carteles de la droga se apoderarán de los partidos políticos, financiarán las campañas electorales, y tomarán luego el control del Ejecutivo" (5). 

A propósito, ¿qué impacto tuvo la (nueva) revelación de La Reppublica en el destino electoral de la derecha italiana? A juzgar por su éxito en las elecciones regionales de marzo último, ninguno. Todo sucede pues como si el relajamiento habitual de la moral pública hubiera inmunizado a poblaciones resignadas a la corrupción de la vida política. ¿Por qué indignarse entonces cuando los representantes se preocupan continuamente por satisfacer a los nuevos oligarcas, o por alcanzarlos en la cima de la pirámide de los ingresos? "Los pobres no hacen donaciones públicas", señalaba con bastante razón el ex candidato republicano a la presidencia John McCain, quien se convirtió en lobbista de la industria financiera. 

Un mes después de su partida de la Casa Blanca, William Clinton ganó tanto dinero como en sus cincuenta y tres años de vida. Goldman Sachs le pagó 650.000 dólares por cuatro discursos. Por otro, pronunciado en Francia, cobró 250.000 dólares; esta vez, el que pagó fue el Citigroup. En el último año del mandato de Clinton, el matrimonio había declarado ingresos por 357.000 dólares; entre 2001 y 2007, sumó un total de 109 millones de dólares. Actualmente, la celebridad y los contactos adquiridos a lo largo de una carrera política se canjean sobre todo una vez que ésta carrera ha terminado. Los puestos de administradores en el sector privado o de asesor de bancos reemplazan ventajosamente un mandato popular que acaba de concluir. Y, como gobernar es prever... 

Pero el "pantouflage" (6) ya no se explica únicamente por la exigencia de permanecer miembro vitalicio de la oligarquía. La empresa privada, las instituciones financieras internacionales y las organizaciones no gubernamentales conectadas a las multinacionales se convirtieron, a veces más que el Estado, en lugares de poder y de hegemonía intelectual. En Francia, el prestigio de las finanzas así como el deseo de forjarse un futuro dorado desviaron a muchos egresados de la Escuela Nacional de Administración (ENA), de la Escuela Normal Superior (ENS) o de la Escuela Politécnica de su vocación de servidores del bien público. El ex alumno de la ENA y de la ENS y ex primer ministro Alain Juppé confesó haber experimentado una tentación semejante: "Todos hemos estado fascinados, e incluso, perdón, los medios de comunicación. Los golden boys , ¡era formidable! Esos jóvenes que llegaban a Londres y que estaban allí frente a sus ordenadores y transferían miles de millones de dólares en unos instantes, que ganaban cientos de millones de euros todos los meses, ¡todo el mundo estaba fascinado! (...) No sería del todo sincero si negara que yo mismo cada tanto me decía: ‘caramba, si hubiera hecho eso tal vez hoy estaría en una situación diferente'" (7). 

"Ningún arrepentimiento" en cambio para Yves Galland, ex ministro de Comercio francés, convertido en presidente de Boeing France, una empresa competidora de Airbus. Ningún arrepentimiento tampoco para Clara Gaymard, esposa de Hervé Gaymard, ex ministro de Economía, Finanzas e Industria: tras haber sido funcionaria en Bercy (sede del ministerio), y luego embajadora itinerante delegada de la Agencia Francesa de Inversiones Internacionales, se convirtió en presidenta de General Electric France. Conciencia tranquila también para Christine Albanel, que durante tres años ocupó el Ministerio de Cultura y Comunicación. Desde abril de 2010, sigue a cargo de la comunicación... pero de France Télécom. 

La mitad de los ex senadores estadounidenses se convierten en lobbistas , a menudo al servicio de las empresas que habían regulado. Lo mismo sucedió con 283 ex miembros de la Administración de Clinton y 310 ex miembros de la Administración de Bush. En Estados Unidos, el volumen de negocios anual del lobbying rondaría los 8.000 millones de dólares. Suma enorme, ¡pero con un rendimiento excepcional! En 2003, por ejemplo, el impuesto sobre las ganancias obtenidas en el extranjero por Citigroup, JP Morgan Chase, Morgan Stanley y Merril Lynch se redujo del 35% al 5,25%. Precio del lobbying : 8,5 millones de dólares. Beneficio fiscal: 2.000 millones de dólares. Nombre de la norma en cuestión: "Ley para la creación de empleos estadounidenses" (8)... "En las sociedades modernas -resume Alain Minc, egresado de la ENA, asesor (a d honorem ) de Sarkozy y (asalariado) de varios grandes empresarios franceses-, se puede servir al interés general en otro lugar que no sea el Estado, como en las empresas" (9). El interés general, todo está ahí. 

Esta atracción por las "empresas" (y sus remuneraciones) no ha dejado de hacer estragos en la izquierda. "Una alta burguesía se renovó -explicaba en 2006 François Hollande, entonces primer secretario del Partido Socialista francés-, en momentos en que la izquierda asumía responsabilidades, en 1981. (...) Es el aparato del Estado el que proveyó al capitalismo de sus nuevos dirigentes. (...) Provenientes de una cultura del servicio público, accedieron al estatus de nuevos ricos, dando cátedra a los políticos que los habían designado" (10). Y que fueron tentados a seguirlos. 

El mal les parece tanto menor cuanto que a través de los fondos de pensiones, los fondos de inversión, etc., un sector creciente de la población encadenó, a veces sin quererlo, su destino al de las finanzas. Actualmente, es posible defender a los bancos y a la Bolsa fingiendo preocuparse por la viuda sin recursos, por el empleado que compró acciones para mejorar su salario o garantizar su jubilación. En 2004, el ex presidente George W. Bush basó su campaña de reelección en esa "clase de inversores". The Wall Street Journal explicaba: "Cuanto más accionistas son los electores, más apoyan las políticas económicas liberales asociadas a los republicanos. (...) El 58% de los estadounidenses tiene una inversión directa o indirecta en los mercados financieros, frente al 44% hace seis años. Ahora bien, en todos los niveles de ingresos, los inversores directos son más proclives a declararse republicanos que los no inversores" (11). Se entiende que Bush haya soñado con privatizar las jubilaciones. 

"Esclavos de las finanzas desde hace dos décadas, los Gobiernos sólo se volverán contra éstas si los agreden directamente hasta el punto de que les parezca intolerable", anunciaba el mes pasado el economista Frédéric Lordon (12). El alcance de las medidas que Alemania, Francia, Estados Unidos y el G-20 tomarán contra la especulación en las próximas semanas dirá si la humillación cotidiana que "los mercados" infligen a los Estados, y la cólera popular que aviva el cinismo de los bancos, despiertan en los gobernantes, cansados de ser tratados como lacayos, la poca dignidad que les queda. 

Publicado en Le Monde Diplomatique

La crisis económica vista por Krugman

¿Un visto bueno, previo a la democracia?: Club Bilderberg

Club Bilderberg. Entrevista a Arcadi Oliveres from AttacTV on Vimeo.

El comportamiento de los políticos con Grecia, no todos son iguales

La crisis económica: opinión de attac

Entrevista a ATTAC en CNN+ from AttacTV on Vimeo.

Cobardía y carencia de arraigo social para enfrentar la crisis

Fernando Moreno Bernal – Presidente de ATTAC Andalucía

Dime de qué presumes y te diré de qué careces, dice el dicho popular. En el acto del PSOE en Elche se ha gritado sin mucho convencimiento por las bases ¡¡Valiente!! a Zapatero por el Plan de ajuste antisocial recogido en el Real Decreto-Ley 8/2010 que ha entrado en vigor hoy 25 de mayo.
Pierre Rosanvallon escribe en su libro “La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza” que “Gobernar significa en primer lugar  hacer inteligible el mundo, dar instrumentos de análisis y de interpretación que permitan a los ciudadanos manejarse y actuar de manera eficaz” El arte de gobernar tiene que estar enraizado y focalizado hacia la ciudadanía. La verdadera democracia se fortalece informando, formando y haciendo participes de las decisiones y, en consecuencia, de las acciones a la ciudadanía y a sus organizaciones sociales representativas. Y esta es la gran carencia que ha tenido el Gobierno de Zapatero.
Desde el primer Gobierno de Felipe González se institucionalizó que el Vicepresidente/a de Economía tenía que ser consensuado con los grandes bancos españoles bajo el pretexto de que “con las cosas de comer no se juega”. De esta forma se introducía un verdadero “Caballo de Troya” en la Moncloa, en la ideología de los gobiernos socialistas, y en el Ministerio sobre el que pivota el funcionamiento real de todos los demás. Así ocurrió con Boyer, Solchaga, Rato, Solbes y Salgado. Y también explica que todos los altos cargos del Ministerio y de los Organismos que controla como la CNMV estén copados por miembros del Opus Dei, que como todo el mundo sabe no es una organización religiosa sino una organización que con prácticas ocultas a la opinión pública intenta, y consigue, penetrar en las organizaciones para controlarla al margen de los procedimientos democráticos, la legitimidad y la trasparencia exigidas a todo organismo público. También explica el amparo que todos ellos (la única ella todavía está en el cargo) han tenido una vez cesados por los organismos controlados por la banca e, incluso, por las Fundaciones del PP.
Muchas voces hemos ido advirtiendo a medida que ocurrían los hechos de los errores. Vicenc Navarro, promotor en el programa electoral del cuarto pilar del Estado de Bienestar, Ley de la Dependencia, tuvo que denunciar su raquitismo financiero y su perversión al basarla en una gestión no salarial y muy precaria de las/ os cuidadores. Otros denunciamos el desarrollo incontrolado de la construcción como un bien especulativo que no satisfacía la verdadera necesidad de vivienda, que como todas las burbujas financieras tan sólo endeudaba a las familias y empresas, dándoles a las entidades financieras unos pingues beneficios que hacían subir un PIB sin sentido a la vez que la corrupción, la amoralidad de la sociedad española y el desastre ecológico del litoral español. Cuando se bendecía el superávit del Estado fuimos menos los que lo denunciamos como una política errónea, ya que dejaba de hacer una inversión social, como la puesta en marcha más rápido de la Ley de Dependencia, que ahora mantendría puestos de trabajo y aumentaría los ingresos del Estado. Cuando Solbes quiso jugar en el “casino financiero” en 2007 con las reservas de las pensiones también alzamos la voz advirtiendo de la irresponsabilidad de esta decisión. En todos los casos se nos despreciaba y señalaba como ajenos a la realidad incuestionable del “éxito imparable y milagro” de la economía española.
El Gobierno de Zapatero, llevado en exclusiva por estos malos y antisociales asesores económicos, no ha informado a la ciudadanía que hay dos intereses opuestos que son irreconciliables. Por un lado, los de la economía productiva y el empleo, los del 99,965% de la población y, por otro, los especuladores/ as, un raquítico 0,035% de la población española, que controlan más del 80% del denominado PIB de España desde los Consejos de Administración de las entidades financieras y empresas controladas por estas. Que el saneamiento de la banca privada no garantiza el crédito a las empresas, familias y Administraciones Públicas, ya que siguen destinando los recursos y sacando los grandes beneficios en la especulación.
No ha informado a la ciudadanía que el incremento del déficit español en un 13,2% en 2009 (pasar del superávit del 2% al déficit del 11,2%) se debe en el 9,49% a la caída de los ingresos públicos en IVA e IRPF, y tan sólo el 3,71% a los planes de apoyo a la economía del Gobierno. Que este déficit del Estado en 99.785 millones de euros es una cantidad similar al total que nos puede costar a todos/as el regalo de las Cajas de Ahorros a los grandes especuladores financieros privados del país y extranjeros con el modelo bancario de las mismas, los grandes beneficiarios, y a quienes defienden en exclusiva el FMI y el propio Banco de España.
Que no se aplaca a los insaciables mercados financieros con medidas de ajuste y con regalos como el FROB, como demuestra el hecho de que hoy la cotización del IBEX 35 este por debajo de la que alcanzó el día de la debacle bursátil, que impulsó al ECOFIN a crear el Fondo de 750.000 €, y que tan sólo está sirviendo para trasladar a los especuladores estos fondos que nos regresaran como más deuda pública. Que el ajuste hará caer aún más los ingresos públicos que neutralizará los recortes en los gastos.
Que la demandada Reforma Laboral tan sólo beneficiará a los grandes bancos en el proceso de latrocinio del sector de las Cajas de Ahorros. La precariedad del mercado laboral español ha bajado en 6 puntos desde el 34% al 28%, lo que supone que 1.200.000 nuevos parados lo fueron sin ninguna indemnización, simplemente no renovándoles el contrato. El cierre de las pymes por la caída del sector inmobiliario, la restricción en los créditos y la caída de la demanda interna explica el resto, al que se le indemniza con 20 días/ año por causas económicas. ¿Quién se beneficiará por bajar de 45 días a 33 la indemnización por despido? Tan sólo aquellos que despidan en número significativo a personas con contratos estables y antigüedad, los excedentes de la ya en marcha “reforma de sistema financiero”.
Que a los especuladores del capital financiero se les puede enfrentar con éxito, como hicieron en su día Lula en Brasil y Correa en Ecuador, pero que la construcción neoliberal de la Europa del Euro nos impide realizar acciones eficaces. Hay que desmontar el irracional y nada científico Pacto de Estabilidad y sus topes del 3% de déficit y 60% de deuda que nadie cumple.
Que fueron Merkel y Sarkozy, cuyos bancos poseen la mayoría de la deuda soberana griega, quienesimpusieron las draconianas medidas de ajuste a los demás Estados de la zona euro para garantizar el retorno de los fondos al saneamiento de sus bancos privados.
Que el ataque al euro, protagonizado por 20 personas que controlan grandes fondos de inversión de alto riesgo (especuladores) de Wall Street y la City de Londres, intentan llevar a Alemania y Francia derrotadas a la cumbre del G 20 en Canadá a finales de Junio, con objeto de que se renuncie a la regulación de los mercados financieros internacionales que exigen junto al BRIC, por lo que los ataques continuaran hasta entonces.
Que al capital financiero internacional tan sólo se le puede vencer fortaleciendo y contraponiéndole el verdadero Capital Social e Institucional basado en la coordinación y cooperación de todos los sectores sociales radicados en un determinado territorio, con sus Administraciones e instituciones públicas y privadas, con objeto de satisfacer las necesidades sociales, depurándolo de su perversión por las entidades financieras con el crecimiento medido en un PIB irracional que no incluye valores sociales. Tan sólo este Capital Social e Institucional arraigará socialmente a los Gobiernos democráticos en su lucha contra el Capital financiero internacional especulador. Por ello es imprescindible fortalecer las Administraciones Locales, las más cercanas a la ciudadanía y sobre las que se desarrollará la Democracia Participativa soporte del Capital Social e Institucional.
Que vivimos un cambio de época en el que la humanidad tiene que reorganizarse y repensarse. El Becerro de Oro del mercado, el nuevo ídolo de nuestro tiempo, ha quebrado. Sus execrables valores de egoísmo, individualismo y mercado han de ser sustituidos por nuestros nuevos valores de solidaridad, defensa del bien común de la humanidad y democracia real en toda la Tierra.
Todos los Gobiernos europeos de la Zona Euro han demostrado cobardía para enfrentarse con su verdadero enemigo. La victoria de los denominados “mercados financieros” es la derrota de la democracia y de la soberanía popular. Los pueblos no renunciaremos ni nos daremos por vencido jamás. La dejación de sus líderes manifiesta la falta de confianza en la fuerza de sus conciudadanos. Nuestro poder es inmenso. Tan sólo tienen que creer en él. Si nosotros les damos la espalda, los mercados financieros internacionales no son nada.
No reconozcamos las deudas soberanas sin una previa auditoria. Promovamos una movilización europea para abolir el Pacto de Estabilidad

Juan Torres López - Jornadas de Economía Crítica - Madrid 2010 from AttacTV on Vimeo.

Más improvisación, ¿más errores del gobierno?

Juan Torres López

El presidente del gobierno acaba de anunciar sorpresivamente que en “su momento” aumentará los impuestos a las rentas más altas.

Digo sorpresivamente porque no se refirió a esta posibilidad la semana pasada cuando anunció las medidas de recorte frente a la crisis, lo que claramente indica que improvisa y que no tiene un plan clara y previamente trazado para hacerle frente. 

No obstante, me alegro y aplaudo la nueva iniciativa del presidente. No porque crea que sea la solución correcta, como explicaré enseguida, sino porque se demuestra así que la ciudadanía tiene poder y que cuando lo usa, incluso tan tímidamente como en esta última semana, se pueden cambiar las decisiones gubernamentales.

Sin embargo, me parece que estando en una situación tan difícil y cuando se le están pidiendo tantos esfuerzos a la población, un presidente no puede ser tan impreciso y confuso. Debe hablar más claro, precisar bien lo que propone y no lanzar globos sondas simplemente para tratar de tranquilizar a su electorado.

Decir que “en su momento” se van a elevar los impuestos a las rentas más altas no dice nada y lo poco que dice es confuso y rechazable.

¿A qué rentas se refiere el presidente?

Si es a las del trabajo su propuesta es rechazable porque la mayor fuente de inequidad de nuestro sistema fiscal y de carencia recaudatoria no viene por ahí. Aunque se aumentara, como quizá hubiera que hacer, la tributación de las rentas del trabajo más elevadas (por ejemplo, a los menos de 10.000 contribuyentes que declaran ingresos superiores a los 600.000 euros anuales), la recaudación adicional sería muy reducida: de 300 a 350 millones de euros.

Lo que de verdad debería corregirse es la tributación de las rentas del capital y particularmente las que proceden de la actividad especulativa en cualquiera de sus dimensiones.

Las fuentes recaudatorias más elevadas, las que proporcionan la justicia fiscal a la que hay que aspirar y, por tanto, la verdadera contribución de “los que realmente tienen un volumen importante” de ingresos o riqueza (en palabras de Zapatero) y no de las clases medias a las que alude, son otras:

• Los ingresos provenientes de los movimientos especulativos contra la deuda española y el euro que entre otras cosas están provocando que la deuda española se encarezca extraordinariamente casi día a día.
• Los beneficios de la actividad bancaria.      
• El patrimonio de las grandes fortunas.      
• Los sueldos y primas de directivos y deportistas de elite extranjeros que hayan fijado su residencia fiscal en España.
• Los patrimonios familiares que “tributan” a través de SICAV.      
• Las desgravaciones fiscales injustas y que benefician a las rentas más elevadas, como la que se aplican a los fondos de pensiones privados, que suponen un 4% de la recaudación del impuesto sobre la renta. 
• Y, sobre todo, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida que podría proporcionar alrededor de 40.000 millones de euros simplemente haciendo que estuvieran en los niveles de los países de nuestro entorno.Grosso modo, todo ello podría proporcionar al Estado entre 30 y 40 veces más dinero que la reducción del sueldo de los funcionarios
• Y eso, añadido a un recorte de gastos superfluos bien estudiado (en gasto militar, subvenciones innecesarias a empresas o a iglesias, cargos políticos innecesarios, racionalización de las administraciones autonómicas, provinciales y municipales, por solo citar algunos), permitiría salir de la crisis con otro modelo productivo, con más eficacia, justicia y bienestar y, sobre todo, salir de verdad de la crisis. Porque lo que conllevan las medidas que hasta ahora ha propuesto el gobierno es simplemente más de lo mismo, es decir, mantener los privilegios que la han provocado. Así lo prueba bien a las claras que hayan sido precisamente los banqueros y la patronal quienes las defiendan y aplaudan. 

No podemos contentarnos con las promesas vagas del presidente Zapatero. Hay que exigir justicia fiscal no sólo como una aspiración ética elemental de las sociedades libres (que no es poco), sino como la forma más eficaz de luchar contra la crisis. Y eso se puede conseguir si los ciudadanos no nos callamos y reclamamos medidas concretas como las que he apuntado. Todo lo demás es permitir que los que han provocado la crisis consigan que la paguemos los demás.

Los errores de Zapatero

Juan Torres López - Catedrático de Economía Aplicada

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero viene haciendo aguas desde hace meses precisamente como consecuencia de fallas en la política social y de igualdad que con tanto ahínco ha querido promover.
Ideas y medidas claramente contrarias al ideario y la práctica socialdemócrata y más propias del liberalismo (como las de los 400 euros o el cheque bebé, la eliminación de impuestos y la creencia de que bajarlos es bueno para las rentas más bajas y para el conjunto de la economía), leyes ambiciosas pero sin financiación adecuada (como la integral de violencia de género o la de dependencia) y errores garrafales en la previsión de la coyuntura y en el reconocimiento de la crisis han ido haciendo mella en su liderazgo a lo largo de los últimos meses y lo están llevando al desastre en las últimas semanas. Incluso alguna encuesta indica que Zapatero tiene en estos momentos peor valoración que la que tenía Aznar en plena guerra ilegal de Irak. Ya es decir.
Pero los errores de Zapatero en política económica y social no han sido solo puntuales. Me parece que a lo algo de su periodo de gobierno hay otros muy graves de fondo y que pueden llevar a su partido a un desastre electoral sin precedentes si no cambia de rumbo, algo que no sería nada bueno para los sectores sociales más desfavorecidos si solo representa una derrota del PSOE que no venga acompañada de una regeneración de su propio partido y de las organizaciones de izquierda.
Con independencia de los coyunturales que ha ido cometiendo en estos años últimos, los errores principales que yo creo que ha cometido Zapatero en el plano socio económico son los siguientes.
El primero, no ser consciente de que un gobernante con limitaciones en el liderazgo personal, sin gran capacidad de análisis e intelectualmente limitado necesita a su lado equipos muy potentes. Todo indica, por el contrario, que Zapatero ha decidido siempre a partir de sus propias intuiciones o de las de un grupo muy reducido de personas, muchas veces, sin que sus propios ministros o equipos más amplios de asesores supieran por dónde iban los tiros. Eso explica que se hayan tomado decisiones como las que he mencionado y que meses más tarde ha habido que abandonar, o que haya sido tan torpe y actuado tan equivocadamente como lo ha hecho frente a la crisis, careciendo a estas alturas de la mínima credibilidad que necesita un gobernante.
El segundo, el haber recurrido, cuando lo ha hecho, a equipos en donde los liberales predominan de modo absoluto. En el campo económico y social se ha desprendido de socialdemócratas o socialistas coherentes como Jordi Sevilla, Jesús Caldera o Cristina Narbona, entre otros, para preferir los consejos de liberales como Miguel Sebastián, David Taguas (que de la Oficina económica de ZP pasó significativamente a la patronal de la construcción) y, en general, de los que forman la plantilla de esta última. ¿Cómo se puede pensar que es posible hacer política socialdemócratas cuando la doctrina en la que uno se inspira es claramente liberal?
En tercer lugar, creo que Zapatero ha cometido el error de creer que se puede llegar lejos en política social dejando que la política económica se oriente fundamentalmente a salvaguardar un marco productivo predominantemente dominado por el mercado desregulado y la especulación. No parece que Zapatero haya tenido en cuenta que cuando es así, o se incurre en un coste muy grande que hay que financiar convenientemente (con políticas fiscales a las que ha renunciado) o simplemente se diseñan medidas que luego no se pueden llevar a la práctica, lo que tarde o temprano hace que la gente se frustre y pierda confianza en el gobierno que las ha vendido como grandes avances sociales. Basta hablar con las docenas de miles de familias que están pendientes de las prometidas ayudas a la dependencia para confirmar lo que digo.
El error estratégico de Zapatero en este sentido fue el no haber aprovechado la etapa de expansión para promover el cambio productivo que ha querido fomentar justo cuando la crisis echaba por tierra la posibilidad de impulsarlo con éxito. No puede decirse que en este aspecto cambiara el rumbo anterior que sobre todo había fortalecido el Partido Popular en la etapa de Aznar sino que lo reforzó.
En cuarto lugar, Zapatero no parece que haya calibrado bien que la política socialdemócrata que yo creo que él sinceramente ha querido llevar a cabo es muy difícil que pueda ser aplicada cuando en Europa se establece un corsé tan rígido orientado, precisamente, a dificultar esas políticas. Yo creo que el error en este campo de Zapatero ha sido el no haber actuado con más beligerancia, sobre todo en los años de expansión, contra estas políticas europeas que tanto daño han hecho y que han coadyuvado a que la crisis ahora sea tan grave.
Al revés de ello, las ha suscrito fielmente y ha hecho suya la cantinela de la estabilidad, del 3% de déficit y de la necesidad de rebajar impuestos, lo que le ha atado de pies y manos y ha hecho que ahora sea esclavo de sus propias decisiones anteriores.
Finalmente, me da la impresión de que ni Zapatero ni sus asesores han contado con algo esencial: las políticas socialdemócratas de bienestar (que en tantos aspectos han sido positivas y proporcionado mejores condiciones de vida a millones de personas) son siempre el resultado de un pulso ganado al capital y a los grandes poderes financieros e industriales. Nunca se conquistan como algo gratuito frente a estos últimos y mucho menos en esta etapa neoliberal en la que tienen una fortaleza tan extraordinaria. No hay manera de que los gobiernos las lleven a cabo si no cuentan con suficiente y explícito respaldo social. Y cuando la sociedad está desmovilizada y sin fuerza son materialmente inalcanzables en la práctica. El error de Zapatero ha sido el de destruir la capacidad movilizadora de su propio partido. Con ZP el partido socialista ha alcanzado el máximo nivel de gubernamentalización. Realmente, no existe el partido socialista, todo lo decide su dirección y dentro de ella Zapatero. Basta oír a la derecha e incluso a los propios dirigente socialistas: solo hablan de lo que hace o deshace ZP, olvidando, porque él mismo parece haberlo olvidado, que detrás de él hay más de 10 millones de votantes y miles de afiliados de un partido que es (o que debería ser) la inteligencia y la fuerza colectivas que lo sustentan. Si Zapatero se hubiese encargado de hacer ver que detrás de él hay tanta gente y tanta fuerza, en lugar de desmovilizar y desarmar a su propio partido, la derecha no se atrevería a decir de él las cosas que dice. Pero ha renunciado a la fuerza y al apoyo social, ha dejado la calle y la movilización ciudadana a la derecha y ahora no le queda otra cosa que aguantar él solo el chaparrón, arrastrando en el naufragio a su propio partido.
Es verdad que esto es algo que no solo practica Zapatero dentro de su partido, sino que se reproduce hacia abajo a todos los niveles (antes de celebrarse el congreso andaluz, el presidente de la Junta de Andalucía reclamaba un partido y una ejecutiva hecha “a su medida”, una auténtica aberración política y democrática pues, en todo caso, son los gobernantes quienes deberían estar hechos y actuar a la medida de su partido). Pero lo cierto es que quien ha encabezado ese proceso y quien lo ha llevado a su máxima y más paralizante expresión ha sido José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general del PSOE.
La socialdemocracia no puede basarse, como ha ocurrido con Zapatero, solo en la imagen de un líder, por muy necesaria que ésta sea. Cuando la socialdemocracia se limita a confiar en el poder de una imagen de marketing, cuando no crea y fortalece una ciudadanía que suscribe, defiende y se moviliza por los avances sociales de las políticas socialdemócratas, y que cree y hace suyos sus valores y aspiraciones, la socialdemocracia (como en realidad cualquier otra política que se disponga a enfrentarse a los poderes establecidos) fracasa estrepitosamente. Así es necesariamente porque desmovilizar a la sociedad que puede apoyarla significa que no se va a tener fuerza frente al poder económico para llevar a cabo las políticas socialdemócratas.
Ahora, como ocurre siempre que la socialdemocracia fracasa, Zapatero está de rodillas a los pies de los poderes económicos: la ciudadanía que confiaba se pregunta para qué sirve que gobierne un partido socialista si la política que aplica es la de la derecha. Y por eso le da la espalda.
No es bueno que la socialdemocracia española se hunda y que los miles de socialistas que honestamente quieren transformar la sociedad dejen de tener influencia y capacidad de decisión, pero para evitar el desastre es imprescindible que tomen nota de la lección. Es necesario que sean conscientes de que no se puede transitar sin peligro por cualquier camino y que quien alimenta a un cocodrilo es muy posible que termine devorado por él.

Otros cortan con las tijeras de Zapatero

Juan Torres López. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

La oposición de derechas está cargando sobre el gobierno de Zapatero toda la responsabilidad sobre el crecimiento del déficit y sobre los efectos negativos que puedan tener las medidas que acaba de proponer para combatirlo.

A mí me parece que eso es injusto y poco riguroso porque esas medidas deben entenderse considerando otras cuestiones principales que no se están teniendo en cuenta y a las que me refiero sucintamente a continuación.

En primer lugar que el déficit no ha crecido, como dice la derecha, porque el gobierno despilfarre. Se ha producido en casi todos los países como consecuencia de la crisis que ha provocado la actuación irresponsable de la banca y en España está siendo mayor porque esta misma crisis ha traído como efecto adicional el estallido de un modelo de crecimiento basado en la construcción. Un modelo que el propio Partido Popular fortaleció en la última fase de expansión tanto en el gobierno central como en las comunidades autónomas y municipios donde gobierna.

En segundo lugar, es sencillamente inaceptable que la deuda que los gobiernos tienen que emitir para tapar el agujero de la banca y evitar que la economía se colapse por su culpa la suscriban los propios bancos al 5% (o incluso al 10% cuando logran hacer creer que es de mala calidad como en Grecia) con dinero que reciben al 1% del Banco Central Europeo. Y que luego exijan que sean los ciudadanos de menos renta quienes soporten los sacrificios.

En tercer lugar, que no es verdad que ahora lo prioritario sea reducir el déficit. El nivel de deuda pública de España se encuentra todavía en niveles aceptables y es mucho más urgente avanzar hacia la recuperación económica para que la actividad y el empleo generen ingresos que hagan menos necesarios los del sector público.

En cuarto lugar, creo que se puede anticipar que las medidas de reducción del gasto propuestas van a disminuir la capacidad de recuperación de la economía española. El gasto en infraestructura es al fin y al cabo ingreso que llega a las empresas, con el cual pueden crear riqueza y empleo; los sueldos se convierten en consumo y éste en ingresos empresariales. Incluso el cheque bebé (con independencia de su negativo efecto sobre la equidad y la incorporación al empleo de las mujeres) se dedica, como ha puesto de relieve un estudio reciente, al equipamiento del hogar que se traduce también en ingresos para las empresas que lo proporcionan.

En quinto lugar, es también evidente que para reducir el déficit se puede actuar no solo sobre el gasto (lo que lleva consigo los efectos nefastos que acabo de señalar) sino también sobre los ingresos. No solo es más justo sino más eficiente porque se podría hacer sin afectar a los ingresos productivos. Y esto hubiera sido especialmente conveniente en España, en donde la economía sumergida, la evasión y el fraude fiscal son tan elevados. Es igualmente vergonzoso que se reduzcan los ingresos de las personas de rentas más bajas mientras que los bancos siguen ganando miles de millones blanqueando dinero, facilitando negocios en los paraísos fiscales y amparando a quienes eluden al fisco.

No se puede olvidar tampoco que la deuda pública y privada es el gran negocio de la banca y que ésta no está utilizando los recursos públicos que recibe para financiar a empresarios y consumidores sino para especular en los mercados financieros y, como he dicho, ganando inmensas fortunas financiando a los gobiernos con el dinero de los bancos centrales o de los ciudadanos.

Eso es una aberración moral y una barbaridad económica a la que hay que poner fin. Se prohibió que los bancos centrales financien en casos como el actual a los gobiernos sólo para que la banca privada hiciera negocio, pero estamos viendo que eso hunde a las economías. Hay que acabar, pues, con ello.

Y por otra parte estamos comprobando día a día que la deuda, ya de por sí odiosa porque es el resultado de una crisis que no pagan quienes la han provocado, se encarece constantemente por la actuación de los especuladores y de las agencias de calificación que trabajan a su servicio. Si de verdad se quiere acabar con el lastre que representa habría que acabar con esas prácticas especuladoras y corruptas. Y hay fórmulas para ello, como las tasas sobre las ganancias y los movimientos especulativos de capital, que además proporcionarían buenos ingresos a los estados.

Finalmente, hay que abordar claramente una cuestión fundamental que evitaría que el gobierno tuviera que tomar estas medidas traumáticas y que merman los ingresos y el bienestar de la mayoría de la población: si la banca privada no financia a la economía debe crearse de nuevo banca pública capaz de hacerlo.

En definitiva, las medidas que ha tomado el gobierno de Zapatero ni son justas ni son útiles para resolver los problemas de nuestra economía. Han sido impuestas (como el propio presidente reconoció en el Parlamento) por poderes financieros que no buscan que se recupere y que quede en condiciones de crear más riqueza y empleo. Lo que han querido es poner al gobierno de rodillas porque lo que de verdad persiguen ahora es debilitar a los poderes públicos, a los sindicatos y a las instituciones representativas para seguir actuando como vienen haciéndolo pero con mucha más comodidad e impunidad para ganar dinero.

Las lecciones del gobernador del Banco de España

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

El gobernador del Banco de España ha vuelto a intervenir en la vida pública, haciendo gala de que es una de las grandes figuras de la política española y no un simple técnico como dicen de sí mismos él y sus colegas. Y lo ha hecho también una vez más defendiendo las posiciones de la patronal y de los grandes bancos y grupos financieros a los que sirve. Mostrando igualmente que ni él ni la institución que gobierna son tan independientes como dice su estatuto.

Ahora afirma que hay que “extraer lecciones de Grecia”. Una recomendación muy sensata que todos deberíamos seguir si no fuera porque las lecciones que extrae son del mismo tipo que las que extrae de cualquier circunstancia que sea, llueva o haga sol.

El gobernador no dice que haya que sacar lecciones de la política de los gobiernos conservadores que llevaron a Grecia a la ruina. Una política que es la misma que su institución defiende.

El gobernador no recomienda que saquemos lecciones de la especulación que se ha cebado sobre la economía griega en los últimos meses de mano de fondos especulativos que no buscan sanearla ni darle más estabilidad sino ganar miles de millones aunque sea a costa de que todo salte por los aires.

El gobernador no tiene que aprender ni nos recomienda a los demás que aprendamos a controlar a los bancos para que no vuelvan a provocar la crisis que ha obligado a que los gobiernos de medio mundo, entre ellos el griego, tengan que endeudarse hasta las cejas enriqueciendo así a la banca privada que provocó la crisis.

El gobernador no recomienda que saquemos lecciones del mal funcionamiento de la zona euro, de la falta de coordinación política o de la ausencia de instituciones y mecanismos que permitan hacer frente a los desequilibrios que, como en el caso griego, se puedan producir.

El gobernador no saca conclusiones de la falta de control de los bancos que estafaron al pueblo griego, o de la complicidad del Banco Central Europeo con los banqueros que se enriquecieron ocultando las cifras del déficit griego.

El gobernador tampoco extrae lecciones de la ceguera de los supervisores que como él no apreciaron lo que se venía encima a pesar de ser tan listos, de autoproclamarse depositarios de la verdad y de tener a su disposición los medios más privilegiados para seguir la coyuntura económica.

El gobernador no saca lecciones de la burbuja inmobiliaria y financiera que los bancos centrales como el suyo dejaron expandirse.

El gobernador no nos dice que extraigamos lecciones de la deriva regresiva de las políticas fiscales de los últimos años.

El gobernador no extrae lecciones del incremento de la desigualdad de los últimos tiempos, ni le preocupa que el ahorro se haya estado dirigiendo hacia la especulación.

El gobernador no extrae lecciones de lo que están haciendo los bancos con el dinero público que en lugar de utilizar para financiar la economía lo usan simplemente para mejorar sus resultados y repartir dividendos multimillonarios a sus accionistas.

El gobernador no extrae lecciones de lo que ocurre cuando los mercados se debilitan por la precariedad en el empleo y los bajos salarios.

El gobernador no saca conclusiones del hecho de que los bancos multipliquen artificialmente la deuda gracias al sistema de reservas fraccionarias que produce inestabilidad permanente y las crisis financieras recurrentes.

El gobernador no tiene nada que aprender del hecho evidente de que la plena libertad de movimientos de capital está generando la etapa de mayor y más dañina inestabilidad financiera de la historia.

El gobernador no extrae lecciones de la falta de opacidad en la que actúan los bancos y los grandes financieros y su propia institución oculta la situación real de los bancos españoles engañando a la ciudadanía.

El gobernador no extrae lecciones de los problemas que plantea la cada vez mayor concentración del poder financiero y de la banca y se dispone a entregar en bandeja a los banqueros españoles parte del mercado que hasta ahora controlaban las cajas de ahorro.

El gobernador mira a otro lado y no es capaz de extraer lección alguna de lo que ha supuesto no disponer de banca pública y dejar la financiación imprescindible de la vida económica en manos de los bancos privados.

No. De nada de esto extrae lección alguna el gobernador.

Las lecciones que según él hay que extraer del caso de Grecia es que en España se deben rebajar los derechos sociales reduciendo el gasto público público, y los derechos y los salarios de los trabajadores reformando las leyes que regulan el mercado de trabajo.

Esa es la única lección que según el gobernador del Banco de España, como según la patronal y los banqueros, debemos aprender los españoles.

Una lección falsa con la que consuman un vergonzoso engaño a los ciudadanos porque ocultan a la ciudadanía que lo que ha pasado o pase con las cuentas del Estado o en el mercado de trabajo no es causa sino efecto de lo ocurrido en el sector financiero y en el mercado de bienes y que por tanto es en estos espacios en donde se debe actuar. Concretamente, reduciendo los derechos, los privilegios y el poder de los financieros, de los banqueros y de la gran patronal y no de los trabajadores de a pie.

Conseguirán lo que se proponen si la ciudadanía no se moviliza y se enfrenta a ellos con decisión. Pero yo no pierdo la esperanza de que así sea y de que, en Grecia, aquí y en todos los sitios, se ponga algún día de relieve el latrocinio que están llevando a cabo los banqueros y la complicidad vergonzosa de estos funcionarios que en lugar de servir al Estado y a los ciudadanos trabajan a su servicio.

Nos gobiernan los mercados

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

Para que el gobierno español o el de cualquiera de nuestras comunidades autónomas pueda hacer frente a la crisis económica tratando de evitar que se deteriore aún más el bienestar social, o simplemente para evitar que se deteriore aún más la economía, habrá de aumentar el gasto público social y, para ello, tendrá que endeudarse. No siempre había ocurrido así en los últimos años, cuando se han podido realizar políticas sociales incluso generando superávit presupuestarios.
Pero el déficit y la deuda que se está acumulando no se producen por gusto o por causa de los propios gobiernos. Es bien sabido que se han producido, en muchos países del mundo, al hacer frente al desaguisado que han provocado los bancos y los fondos financieros especulativos en los últimos años. Bien porque han dedicado grandes cantidades de recursos públicos a ayudar a los propios bancos, bien porque ha sido imprescindible que el gasto público supliera con urgencia la extraordinaria caída del gasto privado que produjo el racionamiento del crédito cuando, al mismo tiempo, mermaban los ingresos públicos.
Los superávit de años anteriores bien pronto han resultado insuficientes y los gobiernos han debido recurrir a emitir títulos de la deuda para financiar los déficit. Títulos que en su gran parte suscriben los bancos y, también en gran medida, con el propio dinero que los gobiernos o los bancos centrales han puesto y siguen poniendo a su disposición con el fin de que volvieran a financiar a las economías.
De esa forma no solo se impide que el crédito bancario vuelva a fluir a las empresas y a los consumidores sino que los bancos hacen un doble negocio redondo. Por un lado, ganan alrededor de un 5% suscribiendo deuda pública con un dinero que a ellos les cuesta en torno al 1%. Y no solo eso: como años atrás se encargaron de conseguir que despareciera la banca pública y que los bancos centrales financiaran a los gobiernos, se vuelven ahora imprescindibles a la hora de colocar la deuda. Y gracias a ello se permiten imponer condiciones a los gobiernos que les prestan: reducción de los gastos que ellos no necesitan, reformas laborales, planes de estabilidad…, gracias a la cuales disfrutarán de mejores condiciones en el futuro para seguir ganando dinero, aunque esto se produzca a costa de la economía productiva y de la creación de riqueza en general. Las situación ya es de por sí terrible. Los gobiernos están manos de quienes provocaron la crisis justamente porque han tratado de aliviar los daños que causaron. Pero lo peor es que no termina ahí.
Sin haber modificado las reglas del juego financiero de los últimos años, los fondos de inversión especulan contra estos gobiernos, que han de hacer piruetas para poder vender su deuda manteniendo al mismo tiempo a flote unas economía que, carentes de suficiente y adecuada financiación, no pueden levantar cabeza. La simple amenaza de que no van a suscribir la deuda por temor a no cobrarla (aunque no haya nada objetivo que pueda justificar ese temor) es suficiente para que aumente su rentabilidad y obligue a los gobiernos a ponerse a sus pies.
Y para cerrar el círculo de la extorsión, las agencias de calificación aparecen como los árbitros de la situación estableciendo, como vienen haciendo desde hace decenios, lo que se debe y lo que no se debe hacer para que los inversores confíen, en este caso, en la deuda que los gobiernos quieren colocar en los mercados.
Las agencias son compañías privadas corruptas, que no solo han errado en multitud de ocasiones provocando daños irreparables (como en Japón, en Tailandia o Corea donde sus manifestaciones precipitaron las crisis) sino que han mentido (como se acaba de demostrar en el Senado estadounidense: Wall Street and the Financial Crisis: The Role of Credit Rating Agencies), y que han actuado siempre al servicio de los poderosos que les pagan.
Las agencias de calificación son sencillamente un brazo más de los capitales que han provocado la crisis. Es una evidencia innegable que su complicidad fue decisiva para que se desencadenara la crisis de las hipotecas subprime. Y bien porque sus métodos de análisis son deficientes o porque no se realizan verdaderamente para dar luz a los inversores sino para proteger a quienes les pagan, lo cierto es que no han sabido anticipar ni las grandes crisis, ni las quiebras empresariales más estrepitosas, ni (como ocurrió, por cierto, en el caso griego) los problemas que se acumulaban en las finanzas de algunos estados.
La actuación de las tres agencias que controlan prácticamente la totalidad del mercado mundial favorece mucho a los financieros, al reducir sus costes y proporcionarle condiciones más ventajosas para recuperar sus capitales, pero no ha traído consigo criterios la estabilidad y la seguridad financiera. Todo lo contrario, su presencia e intervención es directamente proporcional a la aparición de crisis y perturbaciones de todo tipo. En realidad se han convertido en factores anticipativos, en desencadenantes ellas mismas de las situaciones que dicen quede tratan de prevenir.
Las agencias se han erigido en los árbitros de la economía mundial sin que ni siquiera se haya podido conseguir que hagan públicos sus criterios de evaluación o que asuman responsabilidad alguna por sus errores o complicidades y a pesar de que todo el mundo sabe que son jugadores que hacen trampas en todas las mesas en las que se sientan.
Fieles a sus dueños y a quienes las financian, gozan de una posición decisiva porque, por muy arbitrarias que puedan ser sus decisiones, cuando rebajan la calidad de la deuda de un país o su nivel de riesgo producen un casi inmediato encarecimiento de la deuda o simplemente la estampida de los inversores, empeorando de esa manera la situación, tal y como ha ocurrido en multitud de ocasiones.
Y así es como la agencias de calificación terminan gobernándonos. Cuando Lula de Silva se consolidaba como ganador por primera vez de las elecciones presidenciales en Brasil, George Soros decía que se iba a producir una de esas profecías que se autocumplen: los mercados pensaban que si ganaba Lula no pagaría la deuda y eso iría creando unas condiciones tan difíciles que, cuando ganara, iban a impedir efectivamente que pudiera pagarla. Y cuando se le decía que la difusión de ese planteamiento desde las agencias y los grandes inversores era antidemocrático porque equivalía a aceptar que los electores brasileños no eran realmente quienes tenían la capacidad de elegir a su presidente, Soros respondía que “en la Roma antigua, sólo votaban los romanos. En el capitalismo global moderno, sólo votan los (norte) americanos, los brasileros no votan”, y eso gracias, precisamente, a estas agencias que determinan lo que deben hacer los gobiernos si quieren obtener los capitales que sus países necesitan para salir adelante, sobre todo, en momentos de dificultades o crisis.
Ahora vuelve a ocurrir los mismo en Grecia, en Portugal o en España. Nuestros gobiernos deben decidir y actuar para merecer el beneplácito de esas agencias, es decir, de los grandes financieros e industriales que las controlan más o menos directamente, y no, como ingenuamente podríamos creer, el de sus votantes y conciudadanos.
Lo que ahora quita el sueño a los presidentes y a sus ministros de economía es pensar en qué momento aparecerá una declaración de Standard and Poor, Moody´s o Fitch rebajando la solvencia de su país o la calidad de su deuda y para tratar de que eso no ocurra no les queda más remedio que someterse a sus dictados.
Que nadie se engañe. Las agencias, los financieros, los banqueros y los grandes industriales que están detrás de ellas, son los que realmente nos gobiernan. No es verdad que vivamos en una democracia. No lo será mientras que la ciudadanía no sea la que decida sobre las cuestiones económicas, los recursos públicos y las finanzas.
Artículo publicado en Sistema Digital

Pruebas video interactivo

Más móviles que retretes

Juan Torres López
Según un estudio de la Universidad de las Naciones Unidas (Greater Access to Cell Phones than Toilets in India), en India hay una media de un móvil por cada dos personas pero solo una de cada tres puede hacer sus necesidades con dignidad en un servicio: hay más móviles que retretes.

Muchas personas, normales y corrientes y grandes economistas y políticos influyentes siguen pensando que eso es una consecuencia de la "soberanía del consumidor" que gobierna el "libre mercado": se fabrican más móviles, dirán, porque hay más demanda de ellos que de retretes y gracias a ello la economía va mejor porque se aprovechan mejor los costes y se obtienen más beneficios.

A mí, por el contrario, me parece que ese criterio es completamente falso sabiendo que la falta de agua corriente y de sanitarios decentes ha provocado la muerte de 4,5 millones de niños en los tres últimos años.

¿Qué ocurre, que estos niños o sus padres y hermanos no tienen necesidad de agua limpia y por eso no la demandan? 
¿No será que, por mucho que la reclamen, su demanda no la va a satisfacer el mercado porque no tienen dinero para comprarlos?

Es por eso que yo creo que el mercado es un mecanismo incapaz de satisfacer las necesidades sociales. Sólo satisface las de quienes tienen dinero y como los que no tienen se van quedando fuera del consumo, van aumentando las desigualdades de origen que hay en la sociedad.

Dejar la provisión de los bienes básicos al mercado es lo que hace que haya cientos de millones de personas insatisfechas. Es lo que provoca que cada día mueran más de 30.000 personas de hambre y más de 5.000 por falta de agua limpia.

Los defensores del "libre" mercado me responderán que eso es inevitable porque si no hay dinero para comprar no se podría fabricar nada puesto que los productores no podrían recuperar su inversión. Me dirán que como hay compradores suficientes para tantos móviles, se produce un número tan elevado de ellos, y no de retretes para los pobres, aunque gracias a eso muchos de estos últimos podrán trabajar así en su producción.

Pero también eso es un argumento con trampa porque sólo tiene en cuenta los costes privados de producir y los ingresos privados de las ventas. Según el mismo estudio, cada dólar dedicado a producir retretes para los pobres proporciona un retorno de 34 dólares en forma de incremento de la productividad y de ahorro de costes asociados producido al disminuir la pobreza y mejorar la salud (y eso sin contar el beneficio inmaterial de evitar la muerte y la miseria). Es decir, 34 dólares de beneficio que los productores de retretes no toman en cuenta porque no llegan a sus bolsillos. 
Los productores solo computan el ingreso directo de sus ventas y por eso producen menos retretes de los que en realidad corresponderían al volumen de beneficios (privados + sociales) que generan.

Eso indica que el mercado ni siquiera es eficiente en términos de costes e ingresos porque sólo cuenta los beneficios o pérdidas privados pero no los totales que se producen en el conjunto de la economía y la sociedad.

Por eso, y en contra de lo que se dice, la verdad es que el capitalismo no sirve para producir mucho de todo. Por un lado se derrocha, porque se produce más de lo necesario en aquellos bienes que tienen detrás mucha gente con dinero para comprarlos. Y por otro, se produce demasiado poco de lo que tiene más beneficios sociales que privados o de lo que está dedicado a satisfacer las necesidades de los más pobres.

En India, como en los demás países, habrá miles de personas con dos o tres móviles y cada día se tirarán miles de ellos, y al mismo tiempo habrá muchos más sin ninguno y además sin retretes. Así ocurre en Estados Unidos, en donde cada día se tiran 700 millones de kilos de basura, 275 millones de bolsas de plástico y más de 400.000 móviles.

La realidad es que en el capitalismo que deja la producción de lo necesario en manos del mercado se produce menos de lo que de verdad necesitan los seres humanos: el mercado y el capitalismo son unos auténticos productores de escasez.

La idea de que el capitalismo es la abundancia es una mentira: es el despilfarro en unos productos y la escasez en la mayoría: basta ver las estadísticas mundiales o simplemente un poquito más lejos de nuestro alrededor de consumidores privilegiados. Así, el 20% más pobre de la población mundial consume menos del 1,5% del consumo total, el 5% de la carne, el 5% de la energía el 1,5% de las líneas telefónicas, el 1,1% del papel y el 1% de los vehículos, mientras que el 20% más rico del planeta consume el 85% del consumo total, el 45% de la carne, el 58% de la energía, el 74% de las líneas telefónicas, el 84% del papel y el 87% de los vehículos. Según las Naciones Unidas, una de cada cinco personas en el mundo no llega a consumir 20 litros de agua al día (y cuando lo hace está contaminada) cuando al menos se necesitan unos 50 litros, mientras que en países como España cada persona consume una media de 171 litros por persona, 40 o 50 de los cuales se gastan solo tirando de la cadena en los retretes. En Europa unos 200, y en Estados Unidos casi 700 litros.

Yo creo que hay que ser muy ingenuo para creerse estas milongas del mercado libre y de la soberanía del consumidor pero como no se piensa con la propia cabeza sino con la de los listos que se inventan los cuentos, la gente se las termina creyendo. Y así nos va, dedicando los recursos a hacer que la gente con dinero cambie de móvil cada dos por tres mientras dejamos sin agua o alimentos básicos a miles de millones de personas. Aunque eso sí, oyendo a cada momento que el mercado es la solución de todos nuestros problemas.


Día mundial por la supresión de los paraísos fiscales

15 Abril 2010

ATTAC España

La reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto una vez más el papel pernicioso que tienen los paraísos fiscales dentro de la economía mundial. De nuevo hemos podido observar que no se trata de un simple elemento más de la actual configuración económica, sino que por el contrario hablamos de un instrumento clave para el mantenimiento de un modelo de desarrollo que mundialmente se ha convenido en llamar “neoliberal”.

Los paraísos fiscales agravan las crisis financieras y contribuyen a su gestación, aumentando la inestabilidad financiera y sus efectos; son un instrumento que agudiza las desigualdades y la pobreza, distorsionando los sistemas fiscales de todos los países y privando a los mismos de los ingresos necesarios para mantener niveles adecuados de servicios públicos; permiten y protegen la delincuencia financiera, gracias a su alto grado de opacidad y su laxa normativa financiera; y socavan las democracias, al condicionar el comportamiento de los países en materia de política económica y ser el espacio preferido para el uso de instrumentos y operaciones financieras que han incrementado cuantitativa y cualitativamente el poder de las finanzas en detrimento tanto de la economía real como de los Estados y sus democracias.

En el curso de la reciente crisis, y estando los paraísos fiscales en el centro de las críticas, los gobernantes mundiales han lanzado ambiciosas y mediáticas promesas en lo que se refiere a la lucha contra los paraísos fiscales. Hasta el momento, sin embargo, tales promesas no tienen visos de materializarse de forma satisfactoria.

La lucha contra los paraísos fiscales exige una contundencia mucho mayor, mientras que paralelamente requiere una definición mucho más precisa y amplia acerca de lo que son realmente estos refugios fiscales que la mantenida actualmente por los principales organismos internacionales.

Junto con el establecimiento de impuestos a las transacciones especulativas de capital, la supresión de los paraísos fiscales constituye una de las señas de identidad inconfundibles de ATTAC. Por esta misma razón ATTAC propone en este comunicado el establecimiento del “Día Mundial por la supresión de los Paraísos Fiscales” para el día 20 de Junio, día en que se reúnen los dirigentes del G 20 en Canadá, los países que más uso hacen de ellos, por lo que llamamos a la sociedad civil mundial a que se manifieste este día públicamente exigiendo la eliminación sin paliativos de los mismos.

Los objetivos perseguidos serían los siguientes:

1. Recordar la existencia de los “paraísos fiscales” a la opinión pública mundial.

2. Informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre esta lacra internacional.

3. Movilizar a la opinión pública con el objetivo de presionar a los partidos, gobiernos e instituciones políticas internacionales de cara a su supresión absoluta.

4. Denunciar y hacer pública una lista completa y precisa de los paraísos fiscales existentes, dónde están radicados y el papel que juega cada uno de ellos en la economía mundial.

5. Denunciar y hacer públicos los nombres de las empresas y personas que hagan uso de dichos espacios financieros.

La cuestión social

Ignacio Ramonet 

Bajo el lema “¡Alto a la miseria!”, la Unión Europea (UE) ha declarado 2010 “Año de la pobreza y de la exclusión social”. Y es que ya hay, en la Europa de los Veintisiete, unos 85 millones de pobres (1)… Un europeo de cada seis sobrevive en la penuria (2). Y la situación se sigue degradando a medida que se extiende la onda expansiva de la crisis. La cuestión social vuelve a colocarse en el corazón del debate. La ira popular se manifiesta contra los Planes de austeridad en Grecia, Portugal, España, Irlanda, etc. Las huelgas y las protestas violentas se multiplican. Muchos ciudadanos expresan también un rechazo a la oferta política (crece la abstención y el voto en blanco) o una adhesión a diversos fanatismos (sube la extrema derecha y la xenofobia). Porque la pobreza y la desesperación social ponen en crisis al propio sistema democrático. ¿Asistiremos a una explosiva primavera del descontento europeo?

En España, el 20% de la población, o sea unos diez millones de personas, se hallan ya en la pobreza (3). Con casos particularmente indignantes como el de los hijos de extracomunitarios (más de la mitad de ellos viven en la indigencia), y el de las “personas sin hogar”, nivel máximo de exclusión social (4). Hay más de 30.000 personas sin hogar (en Europa, cerca de medio millón). Centenares de ellas, cada invierno, mueren en la calle…

¿Quiénes son esos pobres de hoy? Campesinos explotados por las grandes distribuidoras, jubilados aislados, mujeres solas con hijos, jóvenes con empleos basura, parejas con hijos viviendo con un único sueldo, y obviamente la gran cohorte de activos que la crisis acaba de dejar sin empleo. Jamás hubo en la UE tantos parados: 23 millones (cinco más que hace un año). Lo peor es que la violencia del desempleo golpea sobre todo a los menores de 25 años. En materia de paro juvenil, España ostenta la tasa más catastrófica de Europa: 44,5% (la media europea: 20%).

Si la cuestión social se plantea hoy de modo tan espinoso es porque coincide con la crisis del Estado de bienestar. Desde los años 1970, con el auge de la globalización económica, salimos del capitalismo industrial para adentrarnos en una era de capitalismo salvaje cuya dinámica profunda es la desocialización, la destrucción del contrato social. Por eso se están respetando tan poco los conceptos de solidaridad y de justicia social.

La transformación principal se ha producido en el ámbito de la organización del trabajo. El estatuto profesional de los asalariados se ha degradado. En un contexto caracterizado por el desempleo masivo, la precariedad deja de ser un “mal momento transitorio” mientras se encuentra un empleo fijo, y se convierte en un estado permanente. Lo que el sociólogo francés Robert Castel llama: el “precariado” (5), una nueva condición infrasalarial que se ha extendido por toda Europa. En Portugal, por ejemplo, un asalariado de cada cinco tiene ya un contrato llamado “recibo verde”. Aunque trabaje desde hace años en la misma oficina o la misma fábrica, con horarios fijos, su patrón es un simple cliente al que factura un servicio y quien puede, de la noche a la mañana, sin ninguna indemnización, romper el contrato.

Semejante degradación del estatuto de asalariado agrava las desigualdades porque excluye de hecho a un número cada vez mayor de personas (sobre todo jóvenes) del sistema de protección del Estado de bienestar. Las aísla, las margina, las rompe. ¿Cuántos suicidios de trabajadores en su lugar mismo de trabajo? Abandonados a sí mismos, en feroz competencia de todos contra todos, los individuos viven en una especie de jungla. Lo cual desconcierta a muchos sindicatos, otrora poderosos, y tentados hoy de colaborar con las patronales.

La eficacia económica se ha convertido en la preocupación central de las empresas, que descargan sobre el Estado sus obligaciones de solidaridad. A su vez, el Estado desvía estos imperativos hacia las Organizaciones no gubernamentales (ONG) o las redes humanitarias privadas. De ese modo, lo económico y lo social se van alejando permanentemente el uno del otro. Y el contraste entre los dos resulta cada vez más escandaloso.

Por ejemplo, en España, mientras el número de parados alcanzaba en 2009 la cifra de 4,5 millones (3,1 millones en 2008), las empresas cotizadas en Bolsa repartían 32.300 millones de euros a sus accionistas (19% más que en 2008). El año pasado, los beneficios de los diez principales bancos europeos superaron los 50.000 millones de euros… En un continente castigado por la peor recesión desde 1929… ¿Cómo es posible? Porque a partir de la crisis del otoño de 2008, los Bancos centrales prestaron masivamente, con tipos de interés mínimos, a la banca privada. Ésta utilizó ese dinero barato para prestar a su vez, con tipos más elevados, a las familias, a las empresas… y a los propios Estados. Así ganó esas millonadas. Ahora, la deuda soberana alcanza niveles excepcionales en varios países -Grecia, Irlanda, Portugal, España…- cuyos gobiernos han tenido que imponer drásticos Planes de austeridad a sus ciudadanos para satisfacer las exigencias de los actores financieros… causantes de la crisis del 2008. Una desvergüenza que exaspera y enfurece a millones de asalariados europeos.

Los ricos siguen enriqueciéndose mientras crece el número de personas sin empleo o en la precariedad, con un poder adquisitivo más reducido, en condiciones de trabajo degradadas, soportando la violencia física y simbólica de unas relaciones sociales endurecidas en una sociedad cada vez menos cohesionada. ¿Cuánto aguantará el hastío popular? ¿Acaso no advirtió el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), el pasado 17 de marzo, que si no se reforma el sistema financiero “habrá revuelta social”?

Notas:

(1) Es “pobre” la personas que vive con menos del 50% de la Renta media disponible neta (Rdn) del país correspondiente. En España, el ingreso medio mensual se sitúa en torno a los mil euros.
(2) Cf. The Social Situation in the European Union 2007, Bruselas, 2008 (http://ec.europa.eu/ employment_social/spsi/reports_social_situation_fr.htm).
(3) Léase Informe de la Inclusion social en España, Fundació Un sol mon, Caixa Catalunya, Barcelona, 2008.
(4) Consúltese: www.enredpsh.org
(5) Robert Castel, La Metamorfosis de la cuestión social, Paidós, Barcelona, 1997.

Publicado en Le Monde diplomatique