jueves, 30 de noviembre de 2006
miércoles, 22 de noviembre de 2006
El factor Phelps: ¿la única política económica posible?
Joseph E. Stiglitz
El 10 de diciembre, Edmund Phelps, mi colega en la Universidad de Columbia, ha recibido el Premio Nobel de Economía de 2006, lo merecía desde hace mucho tiempo. Si bien el Comité del Premio Nobel citó sus contribuciones a la macroeconomía, Phelps ha hecho, también, considerables aportaciones en muchas otras áreas, incluída la teoría del crecimiento y el cambio tecnológico, la tributación óptima y la justicia social.
La aportación clave que Phelps hizo en el campo de la macroeconomía es que las expectativas afectan a la relación entre la inflación y el desempleo y, ya que las expectativas en sí mismas son endógenas, cambian a lo largo del tiempo, también lo hace la relación entre desempleo e inflación. Si un gobierno intenta hacer descender la tasa de desempleo a niveles muy bajos, la inflación va a aumentar y también lo harán las expectativas inflacionarias.
Este razonamiento tiene dos posibles implicaciones de política económica. Algunos políticos han concluido a partir del análisis de Phelps que la tasa de desempleo no puede bajar permanentemente sin que aumenten los niveles inflacionarios. Por lo tanto, las autoridades monetarias simplemente deben centrarse en la estabilidad de los precios buscando una tasa de desempleo a la que la inflación no aumente, conocida como “tasa de desempleo no aceleradora de la inflación” (NAIRU, por sus siglas en inglés “non-accelerating inflation rate of unemployment”).
Pero la NAIRU no es inalterable. La implicación correcta, que Phelps enfatizó repetidamente, es que los gobiernos pueden y deben implantar una variedad de políticas distintas, en particular, políticas estructurales que permitan a la economía operar a un nivel más bajo de desempleo.
Las políticas que se centran exclusivamente en la inflación están equivocadas por otras razones adicionales. Como una cuestión práctica, incluso controlando las expectativas (como Phelps insiste en su obra que se haga), la relación entre el desempleo y la inflación es altamente inestable. Es prácticamente imposible descifrar dicha relación a partir de los datos excepto en unos cuantos períodos aislados.
Parte de la explicación de esta inestabilidad se encuentra en los cambios en los niveles de educación, en la actividad sindical y en la productividad. Pero cualquiera que sea la razón, los políticos se enfrentan a una incertidumbre considerable en cuanto al nivel de la tasa de paro con inflación estable. Por lo tanto, todavía se enfrentan al dilema de presionar muy a la baja la tasa de desempleo y desencadenar un período de inflación, o no presionar lo suficiente, lo que se traduciría en un derroche innecesario de recursos económicos.
La manera en que se perciben estos riesgos depende de los costos de enmendar los errores, lo que a su vez depende de otras propiedades de la relación inflación-desempleo que en el análisis de Phelps no se abordaron. El peso de las evidencias muestra que el costo de enmendar el error de presionar demasiado a la baja la tasa de desempleo es en sí mismo muy bajo, al menos en países como Estados Unidos donde la relación se ha estudiado detenidamente. Según este punto de vista, la Reserva Federal debería buscar agresivamente una tasa de desempleo baja hasta que se vea que la inflación está aumentando.
En contraste, los “halcones” de la inflación afirman que hay que atacarla de manera preventiva. Si bien la mayoría de los Bancos Centrales son halcones de la inflación, esta postura es una cuestión de religión y no de ciencia económica. Sencillamente, no hay evidencias empíricas, o hay muy pocas, de que las tasas bajas y moderadas de inflación que se han dado en las décadas recientes, tengan algún efecto dañino real y significativo en la producción, el empleo, el crecimiento o la distribución del ingreso. Tampoco hay pruebas de que si la inflación aumenta ligeramente ésta no pueda revertirse a un costo relativamente menor, comparable con los beneficios del empleo y crecimiento adicionales que se disfrutaron en la fase expansión excesiva de la economía que condujo al aumento de la inflación.
A principios de los años 1990, la Reserva Federal y muchos otros creían que la tasa de paro con inflación estable (NAIRU) estaba entre el 6% y el 6,2%. Tomando como base los cambios producidos en la economía, el equipo que trabajó conmigo en el Consejo de Asesores Económicos del Presidente Bill Clinton y yo argumentábamos que la NAIRU era considerablemente más baja. Teníamos razón, el desempleo cayó al 3,8 % sin que la inflación aumentara repentinamente.
Esto es importante porque, como argumentó el gran economista Arthur Okun, al reducir el desempleo en dos puntos porcentuales la producción aumentaría de 2 a 6 % o de 0,5 a 1,5 billones de dólares en el caso de Estados Unidos. Incluso para un país rico esto es mucho dinero. Se podría utilizar para dar al sistema de Seguridad Social estadounidense una base sólida durante los siguientes 75 a 100 años. Incluso podría pagar una parte sustancial de una guerra como la de Iraq.
El trabajo de Phelps nos ayudó a entender la complejidad de la relación entre la inflación y el desempleo y el papel tan importante que las expectativas pueden desempeñar en esa relación. Pero es una mala interpretación de ese análisis concluir que nada puede hacerse acerca del desempleo o que las autoridades monetarias deberían enfocarse exclusivamente en la inflación.
Ese punto de vista es el de una escuela de la macroeconomía “moderna” que supone que hay expectativas racionales y mercados en perfecto funcionamiento. En otras palabras los individuos, que se supone idénticos, utilizan plenamente toda la información disponible para prever el futuro en un entorno de competencia perfecta, sin fallas en los mercados de capitales y una cobertura plena de todos los riesgos. No sólo son absurdos los supuestos sino también las conclusiones que obtienen: no hay desempleo involuntario, los mercados son completamente eficientes y la redistribución no tiene consecuencias reales. Pero, según esta escuela, no importa mucho que las políticas gubernamentales no sean efectivas. No es necesaria la intervención del gobierno porque los mercados siempre son eficientes, y lo que es todavía más perjudicial, muchos seguidores de esta postura, cuando se enfrentan a la realidad del desempleo, dicen que sólo surge por las rigideces impuestas por los gobiernos y por los sindicatos. En su mundo “ideal” sin ellas afirman que no habría desempleo.
Durante más de tres décadas, Phelps ha demostrado que hay un enfoque alternativo. Ha tratado de entender qué podemos hacer para reducir el desempleo y aumentar el bienestar de los de abajo. Pero también se ha esforzado en comprender qué es lo que hace dinámicas a las economías capitalistas, qué hay detrás del espíritu empresarial y qué podemos hacer para promoverlo más. La economía de Phelps sigue siendo de acción y no de resignación.
Publicado en Project Syndicate (December)
Technorati tags: economia, politica
La aportación clave que Phelps hizo en el campo de la macroeconomía es que las expectativas afectan a la relación entre la inflación y el desempleo y, ya que las expectativas en sí mismas son endógenas, cambian a lo largo del tiempo, también lo hace la relación entre desempleo e inflación. Si un gobierno intenta hacer descender la tasa de desempleo a niveles muy bajos, la inflación va a aumentar y también lo harán las expectativas inflacionarias.
Este razonamiento tiene dos posibles implicaciones de política económica. Algunos políticos han concluido a partir del análisis de Phelps que la tasa de desempleo no puede bajar permanentemente sin que aumenten los niveles inflacionarios. Por lo tanto, las autoridades monetarias simplemente deben centrarse en la estabilidad de los precios buscando una tasa de desempleo a la que la inflación no aumente, conocida como “tasa de desempleo no aceleradora de la inflación” (NAIRU, por sus siglas en inglés “non-accelerating inflation rate of unemployment”).
Pero la NAIRU no es inalterable. La implicación correcta, que Phelps enfatizó repetidamente, es que los gobiernos pueden y deben implantar una variedad de políticas distintas, en particular, políticas estructurales que permitan a la economía operar a un nivel más bajo de desempleo.
Las políticas que se centran exclusivamente en la inflación están equivocadas por otras razones adicionales. Como una cuestión práctica, incluso controlando las expectativas (como Phelps insiste en su obra que se haga), la relación entre el desempleo y la inflación es altamente inestable. Es prácticamente imposible descifrar dicha relación a partir de los datos excepto en unos cuantos períodos aislados.
Parte de la explicación de esta inestabilidad se encuentra en los cambios en los niveles de educación, en la actividad sindical y en la productividad. Pero cualquiera que sea la razón, los políticos se enfrentan a una incertidumbre considerable en cuanto al nivel de la tasa de paro con inflación estable. Por lo tanto, todavía se enfrentan al dilema de presionar muy a la baja la tasa de desempleo y desencadenar un período de inflación, o no presionar lo suficiente, lo que se traduciría en un derroche innecesario de recursos económicos.
La manera en que se perciben estos riesgos depende de los costos de enmendar los errores, lo que a su vez depende de otras propiedades de la relación inflación-desempleo que en el análisis de Phelps no se abordaron. El peso de las evidencias muestra que el costo de enmendar el error de presionar demasiado a la baja la tasa de desempleo es en sí mismo muy bajo, al menos en países como Estados Unidos donde la relación se ha estudiado detenidamente. Según este punto de vista, la Reserva Federal debería buscar agresivamente una tasa de desempleo baja hasta que se vea que la inflación está aumentando.
En contraste, los “halcones” de la inflación afirman que hay que atacarla de manera preventiva. Si bien la mayoría de los Bancos Centrales son halcones de la inflación, esta postura es una cuestión de religión y no de ciencia económica. Sencillamente, no hay evidencias empíricas, o hay muy pocas, de que las tasas bajas y moderadas de inflación que se han dado en las décadas recientes, tengan algún efecto dañino real y significativo en la producción, el empleo, el crecimiento o la distribución del ingreso. Tampoco hay pruebas de que si la inflación aumenta ligeramente ésta no pueda revertirse a un costo relativamente menor, comparable con los beneficios del empleo y crecimiento adicionales que se disfrutaron en la fase expansión excesiva de la economía que condujo al aumento de la inflación.
A principios de los años 1990, la Reserva Federal y muchos otros creían que la tasa de paro con inflación estable (NAIRU) estaba entre el 6% y el 6,2%. Tomando como base los cambios producidos en la economía, el equipo que trabajó conmigo en el Consejo de Asesores Económicos del Presidente Bill Clinton y yo argumentábamos que la NAIRU era considerablemente más baja. Teníamos razón, el desempleo cayó al 3,8 % sin que la inflación aumentara repentinamente.
Esto es importante porque, como argumentó el gran economista Arthur Okun, al reducir el desempleo en dos puntos porcentuales la producción aumentaría de 2 a 6 % o de 0,5 a 1,5 billones de dólares en el caso de Estados Unidos. Incluso para un país rico esto es mucho dinero. Se podría utilizar para dar al sistema de Seguridad Social estadounidense una base sólida durante los siguientes 75 a 100 años. Incluso podría pagar una parte sustancial de una guerra como la de Iraq.
El trabajo de Phelps nos ayudó a entender la complejidad de la relación entre la inflación y el desempleo y el papel tan importante que las expectativas pueden desempeñar en esa relación. Pero es una mala interpretación de ese análisis concluir que nada puede hacerse acerca del desempleo o que las autoridades monetarias deberían enfocarse exclusivamente en la inflación.
Ese punto de vista es el de una escuela de la macroeconomía “moderna” que supone que hay expectativas racionales y mercados en perfecto funcionamiento. En otras palabras los individuos, que se supone idénticos, utilizan plenamente toda la información disponible para prever el futuro en un entorno de competencia perfecta, sin fallas en los mercados de capitales y una cobertura plena de todos los riesgos. No sólo son absurdos los supuestos sino también las conclusiones que obtienen: no hay desempleo involuntario, los mercados son completamente eficientes y la redistribución no tiene consecuencias reales. Pero, según esta escuela, no importa mucho que las políticas gubernamentales no sean efectivas. No es necesaria la intervención del gobierno porque los mercados siempre son eficientes, y lo que es todavía más perjudicial, muchos seguidores de esta postura, cuando se enfrentan a la realidad del desempleo, dicen que sólo surge por las rigideces impuestas por los gobiernos y por los sindicatos. En su mundo “ideal” sin ellas afirman que no habría desempleo.
Durante más de tres décadas, Phelps ha demostrado que hay un enfoque alternativo. Ha tratado de entender qué podemos hacer para reducir el desempleo y aumentar el bienestar de los de abajo. Pero también se ha esforzado en comprender qué es lo que hace dinámicas a las economías capitalistas, qué hay detrás del espíritu empresarial y qué podemos hacer para promoverlo más. La economía de Phelps sigue siendo de acción y no de resignación.
Publicado en Project Syndicate (December)
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miércoles, 15 de noviembre de 2006
martes, 7 de noviembre de 2006
El convulso mercado eléctrico español
Gregorio Gil
En el primer artículo Sharon Beder nos muestra un estudio histórico muy detallado de la privatización del mercado eléctrico en el Reino Unido, pioneros en el proceso de liberalización del mercado eléctrico y las fases posteriores por las que fue pasando, haciendo hincapié en las numerosas disfunciones y comportamientos ajenos a la ortodoxia, pero no por ello menos reales. Se pone de manifiesto que el modelo de liberalización eléctrico practicado en este país ha perjudicado notablemente a las clases más necesitadas del mismo, quedando constatada una elevación de fallecimientos por este motivo. Se incluye aquí, con el fin de que nos concienciemos de la que se nos viene encima si dejamos que el mercado actúe libremente por su cuenta en el sector eléctrico, con una actitud propia de la fe de carbonero en el ultraliberalismo.En el segundo artículo, en mi opinión superior al primero, el alcance de estudio es más amplio y no está limitado a un solo pais, sino que abarca los distintos paises que ya han entrado, de una forma u otra, en la liberalización del mercado eléctrico y donde han tenido lugar número de privatizaciones con frecuentes fusiones y adquisiciones posteriores, quedando por lo tanto, en evidencia la pregonada competencia prometida al formarse fuertes oligopolios. Los cárteles energéticos han funcionado como grupos de presión politica, intentado por todos los medios (no democráticos) conseguir precios eléctricos cada vez más elevados o ayudas poco justificadas en otros casos, y donde los servicios se presten sólo en las zonas de mayor rentabilidad económica.
En España, la privatización salvo en el caso de Red Eléctrica ya se realizó en su momento, lo que se intenta ahora, es pasar a una completa “liberalización del mercado”. Se comenta que eso es lo que nos pide Europa, pero, en ningún lugar se ha votado eso que se sepa. Estos dos artículos y algunos más que están por venir, indican que las cosas no están tan claras como indican los “ultraliberales” que nos intentan vender esta doctrina como algo “moderno” cuando ya se halla obsoleta, en lo que al mercado eléctrico se refiere. La numerosas fusiones y adquisiciones que están en el horizonte próximo, parecen caminar en sentido contrario de la libre competencia y más en la direccion de la formación de potentes cárteles energéticos que pueden terminar poniendo a los Gobiernos democráticos contra la pared, con el fin de que cambien sus políticas, en especial, sobre los Gobiernos de izquierda, de modo, que terminen perjudicando a la mayoría de sus ciudadanos y en particular a los más pobres. Conviene por ello estar expectantes y denunciar estas situaciones si llegan a presentarse para plantarles cara debidamente.
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domingo, 29 de octubre de 2006
lunes, 16 de octubre de 2006
domingo, 15 de octubre de 2006
Políticos bájense del árbol
Ramiro Pinto Cañón
Al visitar la exposición organizada por la Caixa, De mono a hombre, me quedé impresionado. Al final de la misma se exponen unos libros. Uno de ellos es El proceso de humanización no ha terminado aún, del arqueólogo Eudald Carbonell. Este autor, mantiene que hay que conseguir socializar el conocimiento y que los logros y beneficios de la tecnología deben llegar a toda la sociedad. En el resumen del libro se plantea que uno de los pasos para el desarrollo de la humanización es lograr una economía más racionalizada. ¿Qué es una economía más racionalizada? No creo, que se refiera a una economía planificada, aunque hará falta una planificación global sobre temas que afectan a la humanidad y que suponen una amenaza para una gran parte de los habitantes del planeta y han de ser controladas, como son el crecimiento demográfico, los problemas medioambientales y el aprovechamiento unilateral de las fuentes de energía y materias primas.
Una economía más racionalizada consiste en razonar sobre el proceso económico y buscar medidas concretas que permitan la distribución de la riqueza y a la vez mantengan la dinámica de crecimiento económico, haciéndolo sostenible desde el punto de vista medioambiental. De esta manera, al introducir estas nuevas variables en los análisis teóricos de economía, es como llegamos a ver la necesidad de establecer la Renta Básica, una vez que sea posible, a través de la propuesta de financiación de la asociación Arenci, que actualmente estudia el Parlamento Europeo y próximamente una subcomisión de las Cortes en España. Como explica Jared Diamond en su obra Ocaso , es necesario recoger las cuestiones ambientales en función de la economía, pues en su estudio llega a la conclusión de que el declive de todas las civilizaciones y modelos de sociedad que han sucedido a lo largo de la historia tienen un denominador común: el deterioro del medio ambiente. Este deterioro afecta a la fertilidad del suelo, la salud, cambios climáticos, hasta ahora de una manera local, pero en este momento repercute en el planeta Tierra de manera global. La sociedad actual, tiene la oportunidad de analizar los sucesos del pasado y aprender de sus errores, tomar decisiones y actuar en consecuencia.
Por una parte, los economistas no manejan la sostenibilidad ecológica como variable de sus estudios de economía política. Marcan las pautas de la política económica de los gobiernos sobre la base del crecimiento económico y la creación de empleo, junto con el ajuste presupuestario para evitar la inflación. El nuevo concepto de la Productividad Total de los Factores (PTF) se utiliza de manera mecánica, tanto en los modelos liberales como keynesianos, y no tienen una visión de la economía en su conjunto, los árboles no les dejan ver el bosque.
Por otra parte los políticos caen cada vez más en el tactismo, como estrategia de mantenerse en el poder, y hacer políticas de confrontación con la oposición y medidas que caigan bien a determinados sectores, sin hacer pedagogía política ni debates críticos sobre las necesidades globales de nuestra sociedad. Hacen de su labor propaganda y no política de ideas. Por ejemplo, se mantiene lo que algunos sociólogos y economistas críticos llaman las «ayudas perversas», que impiden el desarrollo de los países pobres e incrementan la destrucción del medioambiente. Esto ocurre con las subvenciones a sectores cuyos productos no son rentables sin las ayudas dadas, la agricultura, la pesca, el agua de regadío, el azúcar, la minería del carbón. Esto se ve en casos como en los países ricos que se ven obligados a mantener las centrales térmicas.
Las ayudas a los agricultores impiden la comercialización de productos de países pobres, que ven inundados sus mercados por otros excedentarios y abaratados por esas ayudas públicas. Los políticos se ven acorralados por la necesidad de resultados electorales, sin ver que con W. Churchill Gran Bretaña ganó la II Guerra Mundial pero él perdió las siguientes elecciones. Hoy es necesario ganar el reto sobre la amenaza global que nosotros mismos, como sociedad, hemos creado. A veces, hay medidas que son paradójicas y no se entienden hasta pasado el tiempo. Por ejemplo, cuando Henry Ford subió el sueldo a sus obreros, más allá del convenio y por decisión propia, los accionistas le denunciaron a los tribunales, pues perdieron valor sus acciones. Sin embargo, salieron ganando a largo plazo, pues esos mismos trabajadores fueron quienes compraron los coches que fabricaban, lo que de otra manera no hubieran podido hacer por ser un artículo de lujo. Bajar los precios con la productividad en cadena y ampliar el mercado con la subida del nivel de vida consiguió incrementar a largo plazo el valor de las acciones. Desde el punto de vista ambiental fue un error, pero en aquella época no se supo. Actualmente, la fiscalía de California ha emprendido una batalla legal contra los fabricantes de automóviles por no dejar comercializar otros motores que eviten la contaminación con el CO2 que atenta contra la Humanidad.
Asistimos a una serie de cambios, lo cual Javier Arenas, antiguo ministro de Trabajo, llamó «una mutación histórica» a la que hay que adaptarse, que requieren nuevas maneras de pensar los problemas y racionalizar la economía, como forma de adaptarse a la nueva realidad. Es decir, evolucionar. Hace un año el escritor y premio Príncipe de Asturias, Carlos Fuentes, planteó que el paso de la economía industrial a otra tecnológica y de servicios es un cambio tan radical que hace falta un ajuste que tenga en cuenta el desplazamiento del empleo. Luis Martínez Noval, también antiguo ministro de Trabajo, expuso en las Jornadas sobre Economía Política, celebradas en León, que ha habido una evolución en las políticas sociales, y a su vez describió una serie de fenómenos que considero se pueden entender como crisis del empleo, como son las prejubilaciones, la diferencia entre el salario real y el monetario, los ajustes de plantillas, nuevas enfermedades laborales de tipo psicológico, etcétera. Lo cual nos debería hacer pensar que hay que cuestionar la centralidad del trabajo como eje de la economía y la política. Y esto es a lo que da respuesta la renta básica, como base de subsistencia y de forma incondicional a las personas de una determinada zona monetaria en la que se pueda aplicar, como es la zona euro. La renta básica, define el crecimiento económico, ¿hasta dónde y cuándo?, ¿hasta que esquilmemos nuestro planeta? La racionalidad nos lleva a pensar que hasta que sea posible la renta básica, y favorecer así un crecimiento sostenido. Esto exige que los políticos se bajen del árbol y empiecen a andar en otra dirección. Pensando en el futuro, el de todos, pues somos una especie aún en evolución. Del mono al humano.
Publicado en El Diario de León, 15 Octubre de 2006
Una economía más racionalizada consiste en razonar sobre el proceso económico y buscar medidas concretas que permitan la distribución de la riqueza y a la vez mantengan la dinámica de crecimiento económico, haciéndolo sostenible desde el punto de vista medioambiental. De esta manera, al introducir estas nuevas variables en los análisis teóricos de economía, es como llegamos a ver la necesidad de establecer la Renta Básica, una vez que sea posible, a través de la propuesta de financiación de la asociación Arenci, que actualmente estudia el Parlamento Europeo y próximamente una subcomisión de las Cortes en España. Como explica Jared Diamond en su obra Ocaso , es necesario recoger las cuestiones ambientales en función de la economía, pues en su estudio llega a la conclusión de que el declive de todas las civilizaciones y modelos de sociedad que han sucedido a lo largo de la historia tienen un denominador común: el deterioro del medio ambiente. Este deterioro afecta a la fertilidad del suelo, la salud, cambios climáticos, hasta ahora de una manera local, pero en este momento repercute en el planeta Tierra de manera global. La sociedad actual, tiene la oportunidad de analizar los sucesos del pasado y aprender de sus errores, tomar decisiones y actuar en consecuencia.
Por una parte, los economistas no manejan la sostenibilidad ecológica como variable de sus estudios de economía política. Marcan las pautas de la política económica de los gobiernos sobre la base del crecimiento económico y la creación de empleo, junto con el ajuste presupuestario para evitar la inflación. El nuevo concepto de la Productividad Total de los Factores (PTF) se utiliza de manera mecánica, tanto en los modelos liberales como keynesianos, y no tienen una visión de la economía en su conjunto, los árboles no les dejan ver el bosque.
Por otra parte los políticos caen cada vez más en el tactismo, como estrategia de mantenerse en el poder, y hacer políticas de confrontación con la oposición y medidas que caigan bien a determinados sectores, sin hacer pedagogía política ni debates críticos sobre las necesidades globales de nuestra sociedad. Hacen de su labor propaganda y no política de ideas. Por ejemplo, se mantiene lo que algunos sociólogos y economistas críticos llaman las «ayudas perversas», que impiden el desarrollo de los países pobres e incrementan la destrucción del medioambiente. Esto ocurre con las subvenciones a sectores cuyos productos no son rentables sin las ayudas dadas, la agricultura, la pesca, el agua de regadío, el azúcar, la minería del carbón. Esto se ve en casos como en los países ricos que se ven obligados a mantener las centrales térmicas.
Las ayudas a los agricultores impiden la comercialización de productos de países pobres, que ven inundados sus mercados por otros excedentarios y abaratados por esas ayudas públicas. Los políticos se ven acorralados por la necesidad de resultados electorales, sin ver que con W. Churchill Gran Bretaña ganó la II Guerra Mundial pero él perdió las siguientes elecciones. Hoy es necesario ganar el reto sobre la amenaza global que nosotros mismos, como sociedad, hemos creado. A veces, hay medidas que son paradójicas y no se entienden hasta pasado el tiempo. Por ejemplo, cuando Henry Ford subió el sueldo a sus obreros, más allá del convenio y por decisión propia, los accionistas le denunciaron a los tribunales, pues perdieron valor sus acciones. Sin embargo, salieron ganando a largo plazo, pues esos mismos trabajadores fueron quienes compraron los coches que fabricaban, lo que de otra manera no hubieran podido hacer por ser un artículo de lujo. Bajar los precios con la productividad en cadena y ampliar el mercado con la subida del nivel de vida consiguió incrementar a largo plazo el valor de las acciones. Desde el punto de vista ambiental fue un error, pero en aquella época no se supo. Actualmente, la fiscalía de California ha emprendido una batalla legal contra los fabricantes de automóviles por no dejar comercializar otros motores que eviten la contaminación con el CO2 que atenta contra la Humanidad.
Asistimos a una serie de cambios, lo cual Javier Arenas, antiguo ministro de Trabajo, llamó «una mutación histórica» a la que hay que adaptarse, que requieren nuevas maneras de pensar los problemas y racionalizar la economía, como forma de adaptarse a la nueva realidad. Es decir, evolucionar. Hace un año el escritor y premio Príncipe de Asturias, Carlos Fuentes, planteó que el paso de la economía industrial a otra tecnológica y de servicios es un cambio tan radical que hace falta un ajuste que tenga en cuenta el desplazamiento del empleo. Luis Martínez Noval, también antiguo ministro de Trabajo, expuso en las Jornadas sobre Economía Política, celebradas en León, que ha habido una evolución en las políticas sociales, y a su vez describió una serie de fenómenos que considero se pueden entender como crisis del empleo, como son las prejubilaciones, la diferencia entre el salario real y el monetario, los ajustes de plantillas, nuevas enfermedades laborales de tipo psicológico, etcétera. Lo cual nos debería hacer pensar que hay que cuestionar la centralidad del trabajo como eje de la economía y la política. Y esto es a lo que da respuesta la renta básica, como base de subsistencia y de forma incondicional a las personas de una determinada zona monetaria en la que se pueda aplicar, como es la zona euro. La renta básica, define el crecimiento económico, ¿hasta dónde y cuándo?, ¿hasta que esquilmemos nuestro planeta? La racionalidad nos lleva a pensar que hasta que sea posible la renta básica, y favorecer así un crecimiento sostenido. Esto exige que los políticos se bajen del árbol y empiecen a andar en otra dirección. Pensando en el futuro, el de todos, pues somos una especie aún en evolución. Del mono al humano.
Publicado en El Diario de León, 15 Octubre de 2006
jueves, 12 de octubre de 2006
lunes, 18 de septiembre de 2006
Rafael Simancas: Discurso programático
Compañeras y compañeros, amigas y amigos:
Los socialistas de Madrid os damos la bienvenida y acogemos con alegría la Conferencia Política del Partido Socialista.
La organización moderna y eficaz de este encuentro, y la presencia vital y optimista de los socialistas de toda España, constituye para nosotros no sólo motivo de honor y de satisfacción, sino también y sobre todo una formidable inyección de fuerza y de optimismo ante los importantes desafíos que hemos de afrontar en el futuro más próximo.
Madrid es la capital de España. Con nuestro trabajo, con vuestro empuje y con el respaldo de los ciudadanos, Madrid va a ser también la capital del cambio y la vanguardia del progreso en España.
Somos conscientes de que el Partido Popular y Esperanza Aguirre han hecho todo lo posible por convertir a Madrid en una trinchera hostil, y a sus instituciones en armas para la división, el enfrentamiento y el rencor entre los madrileños, y de los madrileños con los demás españoles. Yo os aseguro, sin embargo, que Madrid ha sido, es y será siempre lugar de acogida, de encuentro y de integración para todos los españoles. Porque este es el sentimiento y la voluntad de la inmensa mayoría de los madrileños.
Cada español es del lugar en el que ha nacido o en el que ha elegido vivir, pero Madrid es de todos los españoles: por eso aquí no hay forasteros. Esta es la identidad de Madrid, estamos orgullosos de ella y lucharemos por defenderla.
Esta Conferencia, además, nos interesa muy especialmente a los socialistas de Madrid. Todos los temas que vamos a tratar este fin de semana, todos los que se abordan en el documento que servirá de base a nuestros debates, se refieren a problemas palpitantes de los ciudadanos de esta Comunidad.
Recordaba Pepe Blanco la anterior Conferencia Política, y subrayaba los grandes cambios que se han producido en la sociedad desde entonces. Hay un cambio más: en el año 2001, el Partido Socialista se presentaba ante los ciudadanos con nuevos dirigentes y un proyecto político renovado. Hoy, esos dirigentes, encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero, están en el Gobierno de España y ese proyecto se está haciendo realidad.
Si algo distingue al Gobierno socialista de España es la intensidad de su acción reformista. Han bastado poco más de dos años para alumbrar un conjunto de reformas de las de verdad, de las que responden a las ilusiones y a los valores de la inmensa mayoría, de las que más nos importan y más sirven para dar sentido y contenido a la actuación de un Gobierno progresista: las reformas que sirven para avanzar en prosperidad, en igualdad y en justicia; para mejorar la vida de las personas, de muchos millones de personas. Reformas que, además, son irreversibles porque la sociedad las asimila y las incorpora inmediatamente al patrimonio colectivo.
La derecha, como siempre hace, ha combatido y ha querido impedir todas y cada una de las iniciativas reformistas de este Gobierno: pero no se atreverá a derogarlas. No se atreverán a privar a los ciudadanos de las mejoras en el sistema de pensiones, de las medidas que ayudan a estabilizar los empleos, de la libertad para casarse con quien quieran. Ni se atreverán a derogar las leyes que promueven la igualdad real entre mujeres y hombres, ni se atreverán a desmontar el sistema nacional de ayuda a las personas dependientes. No porque les falten ganas de hacerlo, sino porque saben bien que la sociedad española no se lo permitirá.
Pero el principal éxito de este Gobierno, querido Presidente, yo lo sitúo en el campo de los sueños. Este Gobierno nos ha enseñado a soñar, y a hacer realidad los sueños. Si se quiere, se puede. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero nos ha enseñado que con sueños, con valores bien asentados, con trabajo y con coraje puede conquistarse el futuro. Se pueden sacar las tropas de la guerra y llevarlas a hacer la paz. Se pueden combinar crecimiento económico y más derechos sociales. Se puede apostar por el fin de la violencia terrorista. Frente a la caverna, sobre la caverna, a pesar de la caverna. Con sueños, con valores, con determinación, con valentía. Una gran enseñanza, una gran vacuna contra la resignación, de la que los madrileños van a tomar buena nota para afrontar el cambio.
Dicen algunos, con afán de menospreciar la importancia de esta Conferencia, que es un acto electoral, un acto destinado a preparar las elecciones del próximo año. Os diré algo: lo es. No es tan sólo eso, pero también es eso. Y el serlo no sólo no sólo no desmerece la Conferencia Política, sino que en todo caso la ennoblece.
Nada hay más digno para un político en democracia que prepararse a fondo para merecer la confianza mayoritaria de los ciudadanos en las urnas. Eso hemos venido a hacer aquí este fin de semana: prepararnos a fondo para el futuro como lo hicimos en similar ocasión hace cinco años, con el resultado que todos conocemos. El resultado del triunfo.
Las elecciones municipales y autonómicas de 2007 son de una importancia crucial. Y no lo digo pensando sobre todo en nosotros, en el Partido Socialista –que también-, sino pensando en términos de interés ciudadano. Los Gobiernos autonómicos en España son, si me permitís la expresión, gobiernos de verdad, responsables de competencias decisivas para el bienestar ciudadano; gobiernos que administran cuantiosísimos recursos de todo tipo; y que gestionan gran parte de los servicios públicos más relevantes para la calidad de vida de la gente.
La mayor parte de los servicios que más afectan a los ciudadanos en su vida diaria y en sus intereses inmediatos están ya en el ámbito de responsabilidad de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Y eso, que al señor Rajoy le parece muy mal, a nosotros nos parece muy bien porque creemos en el modelo de Estado que nos hemos dado; porque sabemos que la única España viable es la España de las Autonomías; porque apostamos por el servicio más democrático y más eficaz a los ciudadanos mediante la aplicación de los principios constitucionales del autogobierno y la garantía de la cohesión, la solidaridad y la igualdad de todos los españoles.
Pero precisamente por eso, es necesario que llevemos a la conciencia de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos que una parte esencial del bienestar individual y colectivo se decide en estas elecciones. Que ese bienestar depende en gran medida, por ejemplo de que elijan un Gobierno autonómico que crea en los servicios públicos y los defienda o uno que no crea en ellos y los abandone.
Voy a decir más. El desarrollo y la aplicación de los principales avances sociales, de las más importantes conquistas de derechos que ha promovido el Gobierno socialista de España, dependen de la existencia de gobiernos autonómicos y municipales que crean en estas medidas y tengan voluntad de llevarlas a cabo. Aún más claro. Con Esperanza Aguirre en la Puerta de Sol será muy difícil desarrollar y aplicar en Madrid las principales reformas impulsadas por el Gobierno de España, en la forma y medida en que sería preciso. La cita del último domingo de mayo es vital. Para el PSOE, para aquellos que en marzo de 2004 apostaron por el progreso, la mayoría en Madrid, y para el conjunto de los ciudadanos. Yo vuelvo a llamar hoy a esa mayoría que se movilizó por el cambio en 2004 para que consolide y profundice ese cambio hacia el progreso en Madrid movilizándose en las elecciones de 2007.
Compañeras y compañeros: frente a quienes predican el fin de las ideologías, estoy convencido de que en la España de hoy cada vez son más claras y perceptibles las diferencias entre la derecha y la izquierda. Madrid es un escenario privilegiado para comprobarlo: el contraste entre la actuación de un Gobierno cabalmente progresista como el de José Luis Rodríguez Zapatero, y otro radicalmente de derechas como el de Esperanza Aguirre es manifiesto, evidente y hasta sonoro, porque se refleja no sólo en los contenidos de las políticas y en las formas de gobernar, sino también en el tono y los ademanes con que uno y otro se dirigen a los ciudadanos.
Esa diferencia entre una política conservadora y una progresista se plasma hoy, sobre todo, en cuatro aspectos básicos, que son, a mi juicio, los que definen más que cualquier otro un proyecto político y de Gobierno en las Comunidades y en los municipios de España:
Da igual que hablemos de la Comunidad de Madrid o de la de Valencia, de Murcia o de La Rioja, de Baleares o de Castilla y León: en todos ellos son perfectamente reconocibles estos rasgos porque forman parte de la naturaleza de los Gobiernos del Partido Popular.
Es también respecto a estas grandes cuestiones que debemos hacer perfectamente reconocible la naturaleza de los Gobiernos autonómicos y locales del Partido Socialista. Ya lo es y lo va a seguir siendo en donde gobernamos; y lo será en donde vamos a gobernar a partir de junio de 2007. Por ejemplo, en Madrid.
Apostamos y apostaremos por un crecimiento sano. Un crecimiento basado en la productividad, en la innovación tecnológica, en el más potente instrumento productivo que tiene una sociedad, que es la educación y el conocimiento. En la estabilidad laboral, en los acuerdos sociales, en la política económica que permite hacer política social, y la política social que dinamiza la economía.
Emplearé toda la fuerza política y toda la energía personal de que disponga en implantar por fin en esta Comunidad un urbanismo civilizado y decente. O si lo preferís, un urbanismo que sea tal.
Compañeras y compañeros, amigas y amigos: en este país, especialmente en Madrid y en Valencia, tenemos un problema grave con el urbanismo que promueve y ampara la derecha. Un problema grave que va más allá de la sucesión de escándalos por corruptelas en la gestión del suelo de tal o cual localidad, más allá de sus lamentables consecuencias en la imagen de las instituciones públicas y en la confianza de los ciudadanos en sus dirigentes políticos.
El descontrol urbanístico es un cáncer con el que hay que acabar antes de que sea demasiado tarde. El urbanismo especulativo provoca el rápido deterioro de las condiciones de vida de millones de ciudadanos, dificultando el acceso a la vivienda para los jóvenes, colapsando servicios públicos, multiplicando tiempos de desplazamiento, generando una presión brutal sobre el ecosistema. El urbanismo a la carta, el urbanismo al servicio de los intereses de unos pocos que promueve el Partido Popular amenaza, además, la solidez y estabilidad de nuestro modelo de desarrollo. Madrid, como Valencia o el resto de las comunidades españolas, no puede confiar sus posibilidades de crecimiento a la sobreexplotación especulativa del suelo y a la sobrevaloración de los activos inmobiliarios. Este modelo de desarrollo ignora los factores de conocimiento e innovación que son los factores clave para un crecimiento sólido, competitivo y justo. Este modelo genera el sobreendeudamiento de las familias y limita la evolución del consumo interno futuro. En Madrid podemos hablar claramente del riesgo de un crecimiento enfermo.
El problema urbanístico tiene solución. El objetivo de recuperar un urbanismo limpio, decente y eficaz requiere de un gran compromiso institucional: un Pacto de Estado, en el que han de implicarse los tres poderes del Estado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, los partidos políticos, las empresas serias y los representantes sociales y vecinales. Recuperar un urbanismo sometido solo al interés general requerirá de compromiso, determinación, planificación y eficacia. Primero el desarrollo parlamentario de la Ley estatal del Suelo consolidando la apuesta contra la especulación y a favor de la vivienda protegida. Necesitamos leyes de desarrollo con los mismos compromisos en las comunidades autónomas de mayor riesgo. Desde luego en la mía. A continuación deberán promoverse en los Parlamentos autonómicos –en el mío con urgencia- los respectivos Planes de Estrategia Territorial que determinen con carácter general los usos del suelo, en función de un análisis riguroso y ampliamente participado sobre las necesidades y retos de interés general en cada región. Y necesitamos, por último, un paquete de medidas valientes y eficaces que garanticen transparencia e higiene en las tramitaciones urbanísticas, con un nuevo y más duro régimen de incompatibilidades entre responsabilidades públicas y negocio privado.
Nos jugamos mucho, es necesario, hay que hacerlo. Por otra parte, muchos de los problemas más agudos del momento actual tienen que ver con la integración y con la convivencia ciudadana. Los orígenes de quienes forman nuestra sociedad son cada vez más plurales, como lo son sus creencias y costumbres, sus valores y sus formas de vida. Y precisamente por eso, la mayor amenaza que tienen las sociedades modernas es la desintegración de sus componentes; una sociedad en la que finalmente no haya nada que compartir ni nada parecido a un proyecto de vida en común.
Ya lo dijimos en la resolución de nuestro último Congreso: la principal causa progresista de principios del siglo XXI es combatir la exclusión social y el deterioro de las condiciones de convivencia entre los ciudadanos. La lucha de clases ha dado paso a la lucha por una sociedad integradora e incluyente. Lo contrario de lo que favorecen las políticas de la derecha: segregación social, desintegración y exclusión.
Para la mayoría de los ciudadanos españoles, el problema de la inmigración es principalmente un problema que tiene que ver con la convivencia. Casi todos aceptamos que la presencia de los inmigrantes ha sido en los últimos años un importante factor de progreso económico, especialmente en Madrid; pero a todos nos preocupa que se convierta también en un factor de deterioro de la convivencia social.
Ahora el Partido Popular se va quitando la máscara y empieza a practicar peligrosamente la demagogia con el tema de la inmigración, como hace la extrema derecha en Francia y en otros países de Europa. Me temo que puedo pronosticar que en los próximos meses, veremos a Rajoy y a Esperanza Aguirre diciendo las mismas cosas que dice Le Pen en Francia.
Como de este tema vamos a hablar mucho a partir de ahora, hoy sólo diré tres cosas muy breves:
Primera: A mi juicio, la única política sensata y viable en materia de inmigración es la que combine el control y la integración. Control para garantizar que entran aquellos que tienen condiciones legales para entrar y que podemos razonablemente acoger; y a partir de ahí, hacer que se integren en nuestra sociedad en todos los sentidos.
Exactamente lo contrario de lo que hizo el Gobierno de Aznar, de Acebes y de Aguirre, la triple A: dejó entrar a los inmigrantes de forma descontrolada; y una vez dentro, se desentendió de ellos y los dejó pudrirse en la ilegalidad.
Segunda: Es esencial mantener a rajatabla el principio de la igualdad de derechos. Ningún ciudadano que viva legalmente en España debe ser discriminado por el hecho de ser de origen extranjero; pero también hay que garantizar que ningún ciudadano español sienta que sus derechos o las prestaciones que recibe han disminuido, o que ha perdido calidad de vida a causa de la presencia de los inmigrantes. Ambas cosas son imprescindibles si queremos hacer posible a largo plazo una convivencia que merezca tal nombre. Por eso le pido reiteradamente al Gobierno regional de Madrid que abandone la retórica del reproche y la confrontación, y asuma sus responsabilidades, con los recursos que ahora sí llegan del Gobierno de España, para evitar concentraciones antipedagógicas de niños inmigrantes en los colegios; para evitar el colapso de servicios sanitarios porque no están preparados para afrontar el número y la especificidad de los inmigrantes que les llegan; para evitar la ocupación de espacios comunes en plazas y parques ante la inexistencia de lugares para el encuentro y el esparcimiento. Iguales derechos e iguales deberes. Sin discriminaciones y sin privilegios.
Tercera: Los problemas de la inmigración sólo se pueden abordar razonablemente desde el acuerdo y la cooperación. Desde el nivel de las instituciones europeas hasta el nivel de la administración local. Por eso, como Presidente de la Comunidad de Madrid promoveré instrumentos comunes entre el Gobierno de España, el de la Comunidad y los Ayuntamientos para definir las políticas respecto a la inmigración; y me sentaré con las fuerzas sociales para llegar a un gran acuerdo sobre este tema.
Y lo que digo respecto a la inmigración puede predicarse de casi todos los problemas más importantes que afectan a la vida de los ciudadanos: del urbanismo y la vivienda, pero también de la educación y la sanidad; de la seguridad ciudadana, pero también de la protección del medio ambiente. Ninguno de ellos tiene solución viable si no es desde la implicación activa y coordinada de todos los niveles de gobierno.
No es un problema de distribución de competencias; las competencias serán de quien corresponda en cada caso, pero los problemas son de todos. Es una cuestión de pura y simple responsabilidad política. Y si me apuráis, de lealtad constitucional.
Creo en la cooperación porque creo en la descentralización y en el reparto de poder. Y a mayor descentralización, más imprescindibles se hacen los instrumentos de cooperación y la coordinación de esfuerzos entre gobiernos.
Al Partido Popular, que nunca ha creído en el Estado de las Autonomías, le cuesta trabajo asimilar un principio esencial de la democracia: los partidos políticos compiten democráticamente entre sí para obtener la confianza de los ciudadanos, pero los Gobiernos no. Los Gobiernos administran los intereses públicos y colaboran entre sí para resolver problemas. Los Gobiernos no son instrumentos de lucha política, sino de administración de intereses públicos. Y cuando pasan las elecciones ya no hay votantes de unos o de otros, sólo hay ciudadanas y ciudadanos libres e iguales que esperan que sus gobernantes se comporten como tales.
Os diré cual es la situación en la Comunidad de Madrid. Hay una administración autonómica que gestiona con más o menos acierto los asuntos de trámite. Por encima, hay una Presidenta entregada exclusivamente a la lucha política dentro y fuera de su partido. Una Presidenta que emplea la mitad de sus energías en conspirar dentro de su partido y la otra mitad en obstaculizar la actuación del gobierno de España. En medio, un gran vacío.
No es ocioso, compañeras y compañeros, que insista en los servicios públicos si tenemos en cuenta que os hablo desde una Comunidad que está a la cola de España en gasto por habitante en sanidad y en educación. Eso sí, está en cabeza en gasto publicitario: 140 millones de euros en este año preelectoral, lo suficiente como para garantizar la gratuidad de los libros de texto en toda la escolarización obligatoria y para construir medio centenar de escuelas infantiles.
Esta Comunidad de Madrid, por su potencial y por su dinamismo económico, está en condiciones de ofrecer a sus ciudadanos unos servicios públicos de calidad equiparables a los de las regiones europeas mejor dotadas. Sólo hace falta una cosa: un Gobierno autonómico que quiera hacer eso y no lo contrario.
Madrid está también en condiciones de cumplir un papel activo y positivo en el marco del Estado de las Autonomías. De trabajar por el diálogo y por la colaboración con el Gobierno de España y entre las propias Comunidades Autónomas, de subrayar los elementos de cohesión, de fortalecer la confianza y el encuentro, en lugar de agudizar los recelos y los desencuentros.
Esperanza Aguirre ha hecho mucho daño en este terreno: de la mano de los sectores más radicales de su partido ha favorecido que en muchas Comunidades de España se perciba a la Comunidad de Madrid como un ente hostil a su identidad o a sus derechos. Os aseguro, que estamos dispuestos a recuperar el terreno y el tiempo perdido. Dentro de España, Madrid ha de estar siempre en el lado de la concordia y no en el de la discordia entre los españoles.
Los socialistas queremos construir el Madrid con todos, y no el Madrid contra todos de Esperanza Aguirre y el Partido Popular.
Gobernar no es hacerle la contra a otros gobiernos, es cooperar con ellos. Gobernar no es desmantelar los servicios públicos, es reforzarlos y hacerlos funcionar con eficacia. Gobernar no es aliarse con los especuladores, es aliarse con los ciudadanos y con el interés general. Gobernar no es atacar a la sanidad pública, es garantizarla y defenderla. Gobernar no es abandonar a su suerte a los más débiles, es ayudarles y darles oportunidades de salir adelante. Gobernar no es romper las ciudades, es cuidarlas y planificar su crecimiento. Gobernar no es crear problemas, sino resolverlos.
Os aseguro que la mayoría de los ciudadanos, en Madrid y en toda España, comparte estas ideas.
Por eso son particularmente pertinentes para nosotros los lemas de esta Conferencia: Nuevos tiempos, nueva política, y Cambiamos con España.
En España, el cambio empezó en marzo de 2004, y camina a buen ritmo. En Madrid, comenzará en junio de 2007. Llegamos algo más tarde, pero llegamos a tiempo. Con ganas, con optimismo, con el respaldo de la gente. Porque vamos a ganar las elecciones en esta ciudad y en esta Comunidad. Y en la próxima Conferencia Política del Partido Socialista tendré la satisfacción de daros la bienvenida como Presidente de la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias.
La organización moderna y eficaz de este encuentro, y la presencia vital y optimista de los socialistas de toda España, constituye para nosotros no sólo motivo de honor y de satisfacción, sino también y sobre todo una formidable inyección de fuerza y de optimismo ante los importantes desafíos que hemos de afrontar en el futuro más próximo.
Madrid es la capital de España. Con nuestro trabajo, con vuestro empuje y con el respaldo de los ciudadanos, Madrid va a ser también la capital del cambio y la vanguardia del progreso en España.
Somos conscientes de que el Partido Popular y Esperanza Aguirre han hecho todo lo posible por convertir a Madrid en una trinchera hostil, y a sus instituciones en armas para la división, el enfrentamiento y el rencor entre los madrileños, y de los madrileños con los demás españoles. Yo os aseguro, sin embargo, que Madrid ha sido, es y será siempre lugar de acogida, de encuentro y de integración para todos los españoles. Porque este es el sentimiento y la voluntad de la inmensa mayoría de los madrileños.
Cada español es del lugar en el que ha nacido o en el que ha elegido vivir, pero Madrid es de todos los españoles: por eso aquí no hay forasteros. Esta es la identidad de Madrid, estamos orgullosos de ella y lucharemos por defenderla.
Esta Conferencia, además, nos interesa muy especialmente a los socialistas de Madrid. Todos los temas que vamos a tratar este fin de semana, todos los que se abordan en el documento que servirá de base a nuestros debates, se refieren a problemas palpitantes de los ciudadanos de esta Comunidad.
Recordaba Pepe Blanco la anterior Conferencia Política, y subrayaba los grandes cambios que se han producido en la sociedad desde entonces. Hay un cambio más: en el año 2001, el Partido Socialista se presentaba ante los ciudadanos con nuevos dirigentes y un proyecto político renovado. Hoy, esos dirigentes, encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero, están en el Gobierno de España y ese proyecto se está haciendo realidad.
Si algo distingue al Gobierno socialista de España es la intensidad de su acción reformista. Han bastado poco más de dos años para alumbrar un conjunto de reformas de las de verdad, de las que responden a las ilusiones y a los valores de la inmensa mayoría, de las que más nos importan y más sirven para dar sentido y contenido a la actuación de un Gobierno progresista: las reformas que sirven para avanzar en prosperidad, en igualdad y en justicia; para mejorar la vida de las personas, de muchos millones de personas. Reformas que, además, son irreversibles porque la sociedad las asimila y las incorpora inmediatamente al patrimonio colectivo.
La derecha, como siempre hace, ha combatido y ha querido impedir todas y cada una de las iniciativas reformistas de este Gobierno: pero no se atreverá a derogarlas. No se atreverán a privar a los ciudadanos de las mejoras en el sistema de pensiones, de las medidas que ayudan a estabilizar los empleos, de la libertad para casarse con quien quieran. Ni se atreverán a derogar las leyes que promueven la igualdad real entre mujeres y hombres, ni se atreverán a desmontar el sistema nacional de ayuda a las personas dependientes. No porque les falten ganas de hacerlo, sino porque saben bien que la sociedad española no se lo permitirá.
Pero el principal éxito de este Gobierno, querido Presidente, yo lo sitúo en el campo de los sueños. Este Gobierno nos ha enseñado a soñar, y a hacer realidad los sueños. Si se quiere, se puede. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero nos ha enseñado que con sueños, con valores bien asentados, con trabajo y con coraje puede conquistarse el futuro. Se pueden sacar las tropas de la guerra y llevarlas a hacer la paz. Se pueden combinar crecimiento económico y más derechos sociales. Se puede apostar por el fin de la violencia terrorista. Frente a la caverna, sobre la caverna, a pesar de la caverna. Con sueños, con valores, con determinación, con valentía. Una gran enseñanza, una gran vacuna contra la resignación, de la que los madrileños van a tomar buena nota para afrontar el cambio.
Dicen algunos, con afán de menospreciar la importancia de esta Conferencia, que es un acto electoral, un acto destinado a preparar las elecciones del próximo año. Os diré algo: lo es. No es tan sólo eso, pero también es eso. Y el serlo no sólo no sólo no desmerece la Conferencia Política, sino que en todo caso la ennoblece.
Nada hay más digno para un político en democracia que prepararse a fondo para merecer la confianza mayoritaria de los ciudadanos en las urnas. Eso hemos venido a hacer aquí este fin de semana: prepararnos a fondo para el futuro como lo hicimos en similar ocasión hace cinco años, con el resultado que todos conocemos. El resultado del triunfo.
Las elecciones municipales y autonómicas de 2007 son de una importancia crucial. Y no lo digo pensando sobre todo en nosotros, en el Partido Socialista –que también-, sino pensando en términos de interés ciudadano. Los Gobiernos autonómicos en España son, si me permitís la expresión, gobiernos de verdad, responsables de competencias decisivas para el bienestar ciudadano; gobiernos que administran cuantiosísimos recursos de todo tipo; y que gestionan gran parte de los servicios públicos más relevantes para la calidad de vida de la gente.
La mayor parte de los servicios que más afectan a los ciudadanos en su vida diaria y en sus intereses inmediatos están ya en el ámbito de responsabilidad de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Y eso, que al señor Rajoy le parece muy mal, a nosotros nos parece muy bien porque creemos en el modelo de Estado que nos hemos dado; porque sabemos que la única España viable es la España de las Autonomías; porque apostamos por el servicio más democrático y más eficaz a los ciudadanos mediante la aplicación de los principios constitucionales del autogobierno y la garantía de la cohesión, la solidaridad y la igualdad de todos los españoles.
Pero precisamente por eso, es necesario que llevemos a la conciencia de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos que una parte esencial del bienestar individual y colectivo se decide en estas elecciones. Que ese bienestar depende en gran medida, por ejemplo de que elijan un Gobierno autonómico que crea en los servicios públicos y los defienda o uno que no crea en ellos y los abandone.
Voy a decir más. El desarrollo y la aplicación de los principales avances sociales, de las más importantes conquistas de derechos que ha promovido el Gobierno socialista de España, dependen de la existencia de gobiernos autonómicos y municipales que crean en estas medidas y tengan voluntad de llevarlas a cabo. Aún más claro. Con Esperanza Aguirre en la Puerta de Sol será muy difícil desarrollar y aplicar en Madrid las principales reformas impulsadas por el Gobierno de España, en la forma y medida en que sería preciso. La cita del último domingo de mayo es vital. Para el PSOE, para aquellos que en marzo de 2004 apostaron por el progreso, la mayoría en Madrid, y para el conjunto de los ciudadanos. Yo vuelvo a llamar hoy a esa mayoría que se movilizó por el cambio en 2004 para que consolide y profundice ese cambio hacia el progreso en Madrid movilizándose en las elecciones de 2007.
Compañeras y compañeros: frente a quienes predican el fin de las ideologías, estoy convencido de que en la España de hoy cada vez son más claras y perceptibles las diferencias entre la derecha y la izquierda. Madrid es un escenario privilegiado para comprobarlo: el contraste entre la actuación de un Gobierno cabalmente progresista como el de José Luis Rodríguez Zapatero, y otro radicalmente de derechas como el de Esperanza Aguirre es manifiesto, evidente y hasta sonoro, porque se refleja no sólo en los contenidos de las políticas y en las formas de gobernar, sino también en el tono y los ademanes con que uno y otro se dirigen a los ciudadanos.
Esa diferencia entre una política conservadora y una progresista se plasma hoy, sobre todo, en cuatro aspectos básicos, que son, a mi juicio, los que definen más que cualquier otro un proyecto político y de Gobierno en las Comunidades y en los municipios de España:
- El modelo de crecimiento, tanto en lo que se refiere a la economía como al urbanismo y a la ordenación del territorio y el medio ambiente;
- Los problemas relacionados con la convivencia ciudadana y con integración de una sociedad cada vez más diversa;
- La combinación entre el reparto descentralizado del poder y la cooperación leal entre gobiernos de distintos ámbitos territoriales;
- Y la actitud ante los servicios públicos que atienden las necesidades más importantes de los ciudadanos.
- Un modelo de crecimiento contaminado en su planteamiento y contaminante en sus efectos; basado en el urbanismo de la especulación y la explotación intensiva de recursos naturales, en la precariedad social y laboral, y en llevar hasta el paroxismo y mientras dure la apoteosis del ladrillo sin preguntarse qué ocurrirá después.
- Un crecimiento caótico de las ciudades y las áreas metropolitanas, con un urbanismo depredador que deteriora la calidad de vida, que multiplica el precio de la vivienda, que colapsa el tráfico, que pone en riesgo los cimientos de una economía productiva, como acaba se señalar el Fondo Monetario Internacional. En materia de urbanismo, el plan de la derecha es la inexistencia de planificación alguna; el orden que buscan es la ausencia total de orden; el interés a proteger es con demasiada frecuencia el de quien está dispuesto a poner millones sobre la mesa a cambio de una recalificación o una licencia de construcción, nunca el de los ciudadanos.
- Otra clave en la actuación de la derecha: la transformación de los Gobiernos autonómicos y municipales en arietes de combate político y de confrontación partidista. Lo demostró Aznar cuando durante años se negó a recibir en la Moncloa a los Presidentes autonómicos que no eran de su partido, y lo demuestran hoy los Aguirre, Camps y compañía cuando boicotean cualquier atisbo de cooperación leal con el Gobierno de España, cuando atizan los agravios y los resquemores entre Comunidades, y cuando conciertan entre sí sus estrategias de oposición y rebeldía institucional aunque nadie les ha visto jamás concertando políticas positivas en interés de los ciudadanos.
- Y por último, el deterioro buscado de los servicios públicos esenciales, de la sanidad pública y de la educación sobre todo, acompañado de constantes guiños de complicidad y apretones de mano por debajo de la mesa con los sectores interesados en su privatización.
Da igual que hablemos de la Comunidad de Madrid o de la de Valencia, de Murcia o de La Rioja, de Baleares o de Castilla y León: en todos ellos son perfectamente reconocibles estos rasgos porque forman parte de la naturaleza de los Gobiernos del Partido Popular.
Es también respecto a estas grandes cuestiones que debemos hacer perfectamente reconocible la naturaleza de los Gobiernos autonómicos y locales del Partido Socialista. Ya lo es y lo va a seguir siendo en donde gobernamos; y lo será en donde vamos a gobernar a partir de junio de 2007. Por ejemplo, en Madrid.
Apostamos y apostaremos por un crecimiento sano. Un crecimiento basado en la productividad, en la innovación tecnológica, en el más potente instrumento productivo que tiene una sociedad, que es la educación y el conocimiento. En la estabilidad laboral, en los acuerdos sociales, en la política económica que permite hacer política social, y la política social que dinamiza la economía.
Emplearé toda la fuerza política y toda la energía personal de que disponga en implantar por fin en esta Comunidad un urbanismo civilizado y decente. O si lo preferís, un urbanismo que sea tal.
Compañeras y compañeros, amigas y amigos: en este país, especialmente en Madrid y en Valencia, tenemos un problema grave con el urbanismo que promueve y ampara la derecha. Un problema grave que va más allá de la sucesión de escándalos por corruptelas en la gestión del suelo de tal o cual localidad, más allá de sus lamentables consecuencias en la imagen de las instituciones públicas y en la confianza de los ciudadanos en sus dirigentes políticos.
El descontrol urbanístico es un cáncer con el que hay que acabar antes de que sea demasiado tarde. El urbanismo especulativo provoca el rápido deterioro de las condiciones de vida de millones de ciudadanos, dificultando el acceso a la vivienda para los jóvenes, colapsando servicios públicos, multiplicando tiempos de desplazamiento, generando una presión brutal sobre el ecosistema. El urbanismo a la carta, el urbanismo al servicio de los intereses de unos pocos que promueve el Partido Popular amenaza, además, la solidez y estabilidad de nuestro modelo de desarrollo. Madrid, como Valencia o el resto de las comunidades españolas, no puede confiar sus posibilidades de crecimiento a la sobreexplotación especulativa del suelo y a la sobrevaloración de los activos inmobiliarios. Este modelo de desarrollo ignora los factores de conocimiento e innovación que son los factores clave para un crecimiento sólido, competitivo y justo. Este modelo genera el sobreendeudamiento de las familias y limita la evolución del consumo interno futuro. En Madrid podemos hablar claramente del riesgo de un crecimiento enfermo.
El problema urbanístico tiene solución. El objetivo de recuperar un urbanismo limpio, decente y eficaz requiere de un gran compromiso institucional: un Pacto de Estado, en el que han de implicarse los tres poderes del Estado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, los partidos políticos, las empresas serias y los representantes sociales y vecinales. Recuperar un urbanismo sometido solo al interés general requerirá de compromiso, determinación, planificación y eficacia. Primero el desarrollo parlamentario de la Ley estatal del Suelo consolidando la apuesta contra la especulación y a favor de la vivienda protegida. Necesitamos leyes de desarrollo con los mismos compromisos en las comunidades autónomas de mayor riesgo. Desde luego en la mía. A continuación deberán promoverse en los Parlamentos autonómicos –en el mío con urgencia- los respectivos Planes de Estrategia Territorial que determinen con carácter general los usos del suelo, en función de un análisis riguroso y ampliamente participado sobre las necesidades y retos de interés general en cada región. Y necesitamos, por último, un paquete de medidas valientes y eficaces que garanticen transparencia e higiene en las tramitaciones urbanísticas, con un nuevo y más duro régimen de incompatibilidades entre responsabilidades públicas y negocio privado.
Nos jugamos mucho, es necesario, hay que hacerlo. Por otra parte, muchos de los problemas más agudos del momento actual tienen que ver con la integración y con la convivencia ciudadana. Los orígenes de quienes forman nuestra sociedad son cada vez más plurales, como lo son sus creencias y costumbres, sus valores y sus formas de vida. Y precisamente por eso, la mayor amenaza que tienen las sociedades modernas es la desintegración de sus componentes; una sociedad en la que finalmente no haya nada que compartir ni nada parecido a un proyecto de vida en común.
Ya lo dijimos en la resolución de nuestro último Congreso: la principal causa progresista de principios del siglo XXI es combatir la exclusión social y el deterioro de las condiciones de convivencia entre los ciudadanos. La lucha de clases ha dado paso a la lucha por una sociedad integradora e incluyente. Lo contrario de lo que favorecen las políticas de la derecha: segregación social, desintegración y exclusión.
Para la mayoría de los ciudadanos españoles, el problema de la inmigración es principalmente un problema que tiene que ver con la convivencia. Casi todos aceptamos que la presencia de los inmigrantes ha sido en los últimos años un importante factor de progreso económico, especialmente en Madrid; pero a todos nos preocupa que se convierta también en un factor de deterioro de la convivencia social.
Ahora el Partido Popular se va quitando la máscara y empieza a practicar peligrosamente la demagogia con el tema de la inmigración, como hace la extrema derecha en Francia y en otros países de Europa. Me temo que puedo pronosticar que en los próximos meses, veremos a Rajoy y a Esperanza Aguirre diciendo las mismas cosas que dice Le Pen en Francia.
Como de este tema vamos a hablar mucho a partir de ahora, hoy sólo diré tres cosas muy breves:
Primera: A mi juicio, la única política sensata y viable en materia de inmigración es la que combine el control y la integración. Control para garantizar que entran aquellos que tienen condiciones legales para entrar y que podemos razonablemente acoger; y a partir de ahí, hacer que se integren en nuestra sociedad en todos los sentidos.
Exactamente lo contrario de lo que hizo el Gobierno de Aznar, de Acebes y de Aguirre, la triple A: dejó entrar a los inmigrantes de forma descontrolada; y una vez dentro, se desentendió de ellos y los dejó pudrirse en la ilegalidad.
Segunda: Es esencial mantener a rajatabla el principio de la igualdad de derechos. Ningún ciudadano que viva legalmente en España debe ser discriminado por el hecho de ser de origen extranjero; pero también hay que garantizar que ningún ciudadano español sienta que sus derechos o las prestaciones que recibe han disminuido, o que ha perdido calidad de vida a causa de la presencia de los inmigrantes. Ambas cosas son imprescindibles si queremos hacer posible a largo plazo una convivencia que merezca tal nombre. Por eso le pido reiteradamente al Gobierno regional de Madrid que abandone la retórica del reproche y la confrontación, y asuma sus responsabilidades, con los recursos que ahora sí llegan del Gobierno de España, para evitar concentraciones antipedagógicas de niños inmigrantes en los colegios; para evitar el colapso de servicios sanitarios porque no están preparados para afrontar el número y la especificidad de los inmigrantes que les llegan; para evitar la ocupación de espacios comunes en plazas y parques ante la inexistencia de lugares para el encuentro y el esparcimiento. Iguales derechos e iguales deberes. Sin discriminaciones y sin privilegios.
Tercera: Los problemas de la inmigración sólo se pueden abordar razonablemente desde el acuerdo y la cooperación. Desde el nivel de las instituciones europeas hasta el nivel de la administración local. Por eso, como Presidente de la Comunidad de Madrid promoveré instrumentos comunes entre el Gobierno de España, el de la Comunidad y los Ayuntamientos para definir las políticas respecto a la inmigración; y me sentaré con las fuerzas sociales para llegar a un gran acuerdo sobre este tema.
Y lo que digo respecto a la inmigración puede predicarse de casi todos los problemas más importantes que afectan a la vida de los ciudadanos: del urbanismo y la vivienda, pero también de la educación y la sanidad; de la seguridad ciudadana, pero también de la protección del medio ambiente. Ninguno de ellos tiene solución viable si no es desde la implicación activa y coordinada de todos los niveles de gobierno.
No es un problema de distribución de competencias; las competencias serán de quien corresponda en cada caso, pero los problemas son de todos. Es una cuestión de pura y simple responsabilidad política. Y si me apuráis, de lealtad constitucional.
Creo en la cooperación porque creo en la descentralización y en el reparto de poder. Y a mayor descentralización, más imprescindibles se hacen los instrumentos de cooperación y la coordinación de esfuerzos entre gobiernos.
Al Partido Popular, que nunca ha creído en el Estado de las Autonomías, le cuesta trabajo asimilar un principio esencial de la democracia: los partidos políticos compiten democráticamente entre sí para obtener la confianza de los ciudadanos, pero los Gobiernos no. Los Gobiernos administran los intereses públicos y colaboran entre sí para resolver problemas. Los Gobiernos no son instrumentos de lucha política, sino de administración de intereses públicos. Y cuando pasan las elecciones ya no hay votantes de unos o de otros, sólo hay ciudadanas y ciudadanos libres e iguales que esperan que sus gobernantes se comporten como tales.
Os diré cual es la situación en la Comunidad de Madrid. Hay una administración autonómica que gestiona con más o menos acierto los asuntos de trámite. Por encima, hay una Presidenta entregada exclusivamente a la lucha política dentro y fuera de su partido. Una Presidenta que emplea la mitad de sus energías en conspirar dentro de su partido y la otra mitad en obstaculizar la actuación del gobierno de España. En medio, un gran vacío.
No es ocioso, compañeras y compañeros, que insista en los servicios públicos si tenemos en cuenta que os hablo desde una Comunidad que está a la cola de España en gasto por habitante en sanidad y en educación. Eso sí, está en cabeza en gasto publicitario: 140 millones de euros en este año preelectoral, lo suficiente como para garantizar la gratuidad de los libros de texto en toda la escolarización obligatoria y para construir medio centenar de escuelas infantiles.
Esta Comunidad de Madrid, por su potencial y por su dinamismo económico, está en condiciones de ofrecer a sus ciudadanos unos servicios públicos de calidad equiparables a los de las regiones europeas mejor dotadas. Sólo hace falta una cosa: un Gobierno autonómico que quiera hacer eso y no lo contrario.
Madrid está también en condiciones de cumplir un papel activo y positivo en el marco del Estado de las Autonomías. De trabajar por el diálogo y por la colaboración con el Gobierno de España y entre las propias Comunidades Autónomas, de subrayar los elementos de cohesión, de fortalecer la confianza y el encuentro, en lugar de agudizar los recelos y los desencuentros.
Esperanza Aguirre ha hecho mucho daño en este terreno: de la mano de los sectores más radicales de su partido ha favorecido que en muchas Comunidades de España se perciba a la Comunidad de Madrid como un ente hostil a su identidad o a sus derechos. Os aseguro, que estamos dispuestos a recuperar el terreno y el tiempo perdido. Dentro de España, Madrid ha de estar siempre en el lado de la concordia y no en el de la discordia entre los españoles.
Los socialistas queremos construir el Madrid con todos, y no el Madrid contra todos de Esperanza Aguirre y el Partido Popular.
Gobernar no es hacerle la contra a otros gobiernos, es cooperar con ellos. Gobernar no es desmantelar los servicios públicos, es reforzarlos y hacerlos funcionar con eficacia. Gobernar no es aliarse con los especuladores, es aliarse con los ciudadanos y con el interés general. Gobernar no es atacar a la sanidad pública, es garantizarla y defenderla. Gobernar no es abandonar a su suerte a los más débiles, es ayudarles y darles oportunidades de salir adelante. Gobernar no es romper las ciudades, es cuidarlas y planificar su crecimiento. Gobernar no es crear problemas, sino resolverlos.
Os aseguro que la mayoría de los ciudadanos, en Madrid y en toda España, comparte estas ideas.
Por eso son particularmente pertinentes para nosotros los lemas de esta Conferencia: Nuevos tiempos, nueva política, y Cambiamos con España.
En España, el cambio empezó en marzo de 2004, y camina a buen ritmo. En Madrid, comenzará en junio de 2007. Llegamos algo más tarde, pero llegamos a tiempo. Con ganas, con optimismo, con el respaldo de la gente. Porque vamos a ganar las elecciones en esta ciudad y en esta Comunidad. Y en la próxima Conferencia Política del Partido Socialista tendré la satisfacción de daros la bienvenida como Presidente de la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias.
lunes, 31 de julio de 2006
La economía española y el mal holandés
Julio Rodríguez López
El desarrollo del turismo en España ha podido ocasionar manifestaciones del llamado 'mal holandés', según el autor. En su opinión, la sobreespecialización en la construcción y en la hostelería ha desindustrializado la economía española, acentuando su dependencia del subsector turístico y del 'ladrillo'
El descubrimiento, durante los años sesenta, de yacimientos de gas natural en Holanda dio lugar, tras un periodo de intenso crecimiento, a que el país sufriese una profunda desindustrialización y a que su economía resultase en exceso vulnerable a las oscilaciones del precio de exportación de ese recurso energético. Un trabajo publicado en noviembre de 2005 (J. Capó, A. Riera y J. Roselló, El desarrollo turístico como manifestación de la 'dutch disease'. El caso de Baleares, Boletín Económico de ICE, nº 2.861) considera que el turismo de sol y playa ha podido ocasionar manifestaciones del mal holandés en el caso de la economía balear, alguna de las cuales podría extenderse al conjunto de la economía española.
El desarrollo del turismo balear, sector emergente en su día, ocasionó notables revalorizaciones de la propiedad de determinados recursos naturales y también generó crecimientos destacados de la productividad en el subsector de la hostelería y la restauración. La mayor productividad, empleo y salarios pagados en dicha rama de actividad estimularon la demanda de productos de sectores menos abiertos a la competencia, como los servicios y la construcción. Estos últimos, a su vez, experimentaron importantes aumentos de precios y generaron demandas adicionales de trabajo.
El sector agroindustrial, más abierto a la competencia, sufrió un aumento de los costes de producción que no pudo trasladar a los precios de venta. Dicha circunstancia, unida a la revalorización del tipo de cambio en algunos periodos, provocó reducciones sustanciales de la actividad productiva de dichas ramas de actividad.
Las consecuencias para Baleares fueron, junto al intenso crecimiento real del PIB por habitante, un fuerte desplazamiento de la producción en favor de la actividad hotelera y de la construcción conectada con el turismo. La creciente desaparición, con la reducción de la base industrial, de una fuente importante de desarrollo del capital humano y de ganancias de productividad podría desacelerar los aumentos del PIB por habitante de la economía. La especialización productiva en actividades poco cualificadas y no sensibles al progreso técnico, junto al agotamiento de los recursos naturales y a la fuerte dependencia del turismo, pueden generar en el futuro ritmos de crecimiento mediocres.
El prolongado descenso de los tipos de interés y las constantes mejoras de las condiciones de financiación han revalorizado en España las propiedades inmobiliarias entre 1997 y 2005. Se ha mantenido un crecimiento constante, pero moderado, de la demanda de los servicios derivados del subsector de la hostelería. Los beneficios de la promoción han desplazado el ahorro hacia la inversión inmobiliaria, lo que no ha contribuido a mejorar la competitividad de los sectores productores de mercancías. Destaca un urbanismo agresivamente favorable a la construcción residencial, que no sólo no permite crear suelo para actividades productivas, sino que llega con frecuencia a desviar terrenos antes calificados como industriales hacia fines residenciales. Si a lo anterior se une la creciente competencia de los países emergentes y las intensas revalorizaciones del euro al comienzo de esta década se comprende la escasa competitividad de las exportaciones, en especial de mercancías, y la agresividad de las importaciones. El urbanismo practicado ahora en España es una fuente continua de déficit comercial.
Entre 1997 y 2005 el PIB de la economía española creció a un ritmo medio del 3,6%, punto y medio por encima de la eurozona. El PIB por habitante de España ascendía en 1997 al 80% de la UE y en 2005 se ha aproximado al 94%. La tasa de desempleo de España en el último trimestre de 1997 se elevaba al 20,1% de los activos y en el mismo periodo de 2005 había descendido hasta el 8,7%. La expansión ha estado acompañada de una continua ganancia de presencia de la inversión en construcción en el PIB, desde el 11,5% de 1997 hasta el 17,3% en 2005. La producción de mercancías (agricultura, ganadería, pesca, industria y energía) ha visto descender su participación desde el 25% de 1997 hasta el 19,3% en 2005.
En 2005 destacó el crecimiento en un 4,5% del deflactor del PIB de España, que refleja la inflación interna, y el que el deflactor de la construcción duplicase ese aumento (10,2%). La reestructuración hacia la construcción se ha advertido no sólo en la producción, sino sobre todo en la composición del crédito. La financiación inmobiliaria (promoción, compra y construcción de viviendas), que suponía en 1997 menos del 40% de la financiación al sector privado, ha subido hasta el 58% en 2005.
La sobreespecialización en la construcción y en la hostelería ha desagrarizado y desindustrializado la economía española, acentuando su dependencia del subsector turístico y de la construcción de viviendas para inversores. Se ha reforzado su proclividad a mayores ritmos de inflación, a la vista del abrigo ante la competencia de los sectores productivos ahora dominantes. Los problemas derivados del llamado mal holandés pueden llevar a que el crecimiento sea trascendente en tanto se construyan nuevas viviendas. No cabe esperar nuevos impulsos decisivos de un sector como el turístico, en el que el progreso técnico no brilla por su presencia.
Diversificar la actividad productiva, mejorar las dotaciones de servicios públicos, administrar con racionalidad y con respeto generacional los recursos naturales todavía disponibles, prestar mayor atención al equilibrio medioambiental y practicar un urbanismo en el que el objetivo sea el bienestar de los ciudadanos y no la maximización de los ingresos derivados del planeamiento, superando la tiranía del instante, son algunos de los retos de futuro de la economía española.
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