Juan Francisco Martín Seco
Determinados conceptos como la lucha de clases están hoy demodés. Se nos pretende convencer de que, en la actualidad, las clases no existen y que trabajadores y empresarios tienen intereses comunes. Si se tercia, la CEOE o un gobierno de derechas no tienen pudor en proclamarse defensores de los parados frente a las organizaciones sindicales que se preocupan tan solo de los que disfrutan de un puesto de trabajo. Tal vez por ello es conveniente que ciertos datos pasen desapercibidos, como los de la distribución de la renta, que demuestran que las clases –como las meigas– haberlas, haylas, y que en esa lucha que, se quiera o no se quiera, siempre se da por el reparto del pastel, los trabajadores llevan muchos años perdiendo.
A principios de los ochenta, la remuneración de los asalariados (9 millones de trabajadores) absorbía el 53% del PIB; en el año 2007, al principio de la crisis, participaba tan solo en el 48%, y eso que el empleo ascendía a 18 millones de trabajadores. Datos que indican de forma clara el sofisma que se esconde detrás del discurso que liga la viabilidad del sistema público de pensiones a los problemas demográficos. Lo que pone realmente en peligro las pensiones es que la renta nacional se reparta cada vez de manera más injusta, engordando la porción que se destina al excedente empresarial, es decir, al beneficio de los empresarios, tanto más cuanto que los distintos gobiernos son renuentes a gravar fiscalmente estas rentas. En estos años de crisis, la desigualdad se ha hecho aún más pronunciada y en apenas tres años la participación de los asalariados ha perdido dos puntos porcentuales, situándose en el 46% del PIB.
Este proceso ciertamente no es privativo de España. En mayor o menor medida ha afectado a todos los países, tal como se puede ver en el informe de otoño de laComisión Europea, recogido en European Economy, 6, de noviembre de 2011, si observamos atentamente la evolución de los costes salariales unitarios en términos reales. Esta variable es tan solo un cociente entre el salario real y la productividad. Cuando el numerador se incrementa en menor medida que el denominador el índice decrece y es señal de que la distribución de la renta ha evolucionado a favor del excedente empresarial y en contra de la retribución de los trabajadores. Eso es lo que ha ocurrido desde principios de los ochenta, lo que indica bien a la claras los efectos perversos que ha tenido la globalización para los asalariados de todas las latitudes.
Pero si esta tendencia ha sido común a todas las economías, nuestro país se ha colocado en cabeza, y el descenso de los costes laborales unitarios en términos reales ha sido bastante más acusado que en la mayoría de los otros países –por ejemplo, que en la propia Alemania–, lo que desmiente el intento de responsabilizar a los salarios de la falta de competitividad de nuestra economía y pone en cuestión la receta de salir de la crisis mediante una deflación salarial.
Desde la constitución de la Unión Monetaria, la economía española ha presentado tasas de inflación superiores a la media europea, y desde luego superiores a las de la economía alemana, lo que le ha hecho ir perdiendo competitividad con el consiguiente reflejo en un incremento progresivo del déficit exterior y en un enorme endeudamiento privado. Todo ello, junto a la imposibilidad de devaluar la moneda, se encuentra en el origen de la delicada situación en que nos hallamos. Pero, tal como indican las cifras, esa subida de precios no está causada por el incremento de la retribución de los trabajadores sino por la elevación del excedente empresarial. Es ese empeño de los empresarios en apropiarse cada vez de una parte más grande del pastel el que ha conducido al diferencial de inflación. Incluso en la situación actual, lindando en la recesión y con los salarios por los suelos, los precios no descienden tal como sería necesario para recuperar la productividad perdida. Los últimos datos del INE indican que en el año 2011, mientras los salarios subieron el 1,1%, las rentas de los empresarios se incrementaron en el 6,6%.
La verdadera razón, no abiertamente confesada de la reforma laboral, es forzar a la deflación salarial en la creencia de que actuará como una devaluación interior, pero la fórmula falla si, tal como ocurre desde hace muchos años, la contención salarial en lugar de contribuir a moderar los precios se orienta a incrementar los beneficios de los empresarios.
Publicado en República
